El espectro de la extorsión se cierne sobre México, dejando una estela de consecuencias devastadoras que van mucho más allá de las pérdidas económicas. Familias enteras viven con el temor constante, negocios se ven obligados a cerrar sus puertas y el tejido social se deshilacha ante la impunidad. No se trata solo de un delito contra el patrimonio, sino de una agresión directa a la tranquilidad, a la esperanza y al futuro de miles de mexicanos. Las cifras, aunque alarmantes, no logran capturar la magnitud del problema. El incremento del 57.6% en el promedio diario de extorsiones reportado por el SESNSP entre 2018 y 2025 es apenas la punta del iceberg. Millones de casos permanecen en la sombra, silenciados por el miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades o la simple desesperanza. La disparidad en las leyes estatales, con penas que oscilan entre un año y tres décadas de prisión, crea un laberinto jurídico que beneficia a los criminales y dificulta la labor de la justicia. Esta fragmentación legal, sumada a la falta de coordinación entre las fiscalías, ha permitido que las redes de extorsión se expandan como una metástasis, alcanzando todos los rincones del país.

Ante este panorama desolador, la iniciativa de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se presenta como un rayo de luz, una oportunidad para construir un frente común contra este flagelo. La creación de una Ley General en materia de extorsión no solo homologará el tipo penal y las sanciones, sino que sentará las bases para una estrategia integral de combate a este delito. Imaginemos un México donde las víctimas tengan acceso a mecanismos de denuncia anónimos y confidenciales, donde reciban atención psicológica especializada y donde el Estado les garantice la reparación integral del daño. Imaginemos un país donde las autoridades, capacitadas y equipadas con tecnología de punta, trabajen de manera coordinada para desmantelar las redes criminales y llevar a los responsables ante la justicia. Imaginemos un futuro donde la prevención sea la piedra angular de la política pública, con programas educativos que empoderen a la ciudadanía y fortalezcan el tejido social.

La reforma constitucional es el primer paso hacia esa realidad. Es una apuesta por un México más seguro, más justo y más próspero. Un México donde la extorsión deje de ser una amenaza constante y donde las familias puedan vivir en paz y con tranquilidad. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de construir un entorno donde la extorsión simplemente no tenga cabida. Es una tarea titánica, sin duda, pero es una tarea impostergable. El futuro de México está en juego. La aprobación de esta reforma es un paso crucial en la dirección correcta, un paso que nos acerca a la construcción de un país donde la justicia y la seguridad sean una realidad para todos. Es momento de unir fuerzas, de trabajar juntos, de construir un México libre de la sombra de la extorsión. Es momento de actuar.

Por Arturo Ávila.
Diputado Federal y Vocero del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura.
@ARTUROAVILA_MX