La tensión se palpaba en el ambiente. Viernes al mediodía, la delegación mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard, se encontraba en Washington D.C. en plenas mesas de trabajo con sus contrapartes estadounidenses. Comercio, seguridad, migración y finanzas, temas cruciales en la agenda bilateral, eran abordados con la esperanza de avances significativos. Sin embargo, la noticia, como un rayo en cielo despejado, irrumpió en la escena: Donald Trump, desde su refugio en Mar-a-Lago, anunciaba la imposición de un arancel generalizado del 30% a las exportaciones mexicanas a partir del 1 de agosto. La sorpresa fue mayúscula, no solo para los mexicanos, sino también para el equipo estadounidense liderado por el jefe de la Oficina de Representación Comercial, Jamieson Greer, quien se vio tan sorprendido como sus homólogos del sur.

La situación, de por sí compleja, se tornaba aún más delicada. Una nutrida comitiva mexicana, que incluía figuras como Esteban Moctezuma, Roberto Velasco y Luis Rosendo Gutiérrez, se enfrentaba a la artillería trumpista, representada por nombres como Sam Mulopulos, Michael Kozak y Jeffrey Kessler. La sombra del magnate de Mar-a-Lago se cernía sobre las negociaciones, amenazando con descarrilar cualquier intento de acuerdo.

No obstante, a pesar del golpe asestado por Trump, México logró una importante “separación” del caso, un aislamiento estratégico facilitado por las reiteradas llamadas entre Claudia Sheinbaum y el propio Trump. La intervención del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y del mismo Greer, resultó clave para que se aplicara un 25% a los productos fuera del T-MEC, dejando el 84% del comercio bilateral libre de aranceles. Esta concesión inyectó una dosis de optimismo en el gobierno mexicano, que confiaba en sortear con éxito los embates comerciales del impredecible presidente estadounidense.

La experiencia previa, en la que se logró evitar un arancel generalizado del 25%, que finalmente solo se aplicó a productos que no cumplían con las reglas de origen, reforzaba la convicción de que la mesa bilateral podría funcionar. El equipo negociador mexicano se aferraba a la ventaja estructural que representa ser el mayor importador de bienes estadounidenses en el mundo, así como a la profunda interdependencia económica entre ambos países. Además, la percepción de una mejor relación entre Sheinbaum y Trump, en comparación con otros mandatarios, y la red de aliados que México había cultivado dentro del gobierno estadounidense, gracias a los esfuerzos de la Secretaría de Economía, la Cancillería y la Embajada, alimentaban la esperanza de una salida favorable.

Mientras tanto, en un movimiento que combinaba defensa comercial y seguridad nacional, Estados Unidos adquiría la terminal portuaria de Altamira, propiedad de Grupo Pinfra, la empresa liderada por David Peñalosa Alanís. Este puerto, convertido en puerta de entrada y salida de combustible robado (huachicol), pasaba a manos de un consorcio liderado por BlackRock, el poderoso gestor de fondos presidido por Larry Fink, por la considerable suma de 800 millones de dólares. La operación evidenciaba la estrategia de Trump de utilizar a BlackRock para contener a China y adquirir activos estratégicos que representaran un riesgo potencial para Estados Unidos. Este mismo consorcio, que incluía a Mediterranean Shipping Company y al fondo singapurense GIC, ya había adquirido de la china Hutchison los dos puertos más importantes del Canal de Panamá: Balboa y Cristóbal.

En otro frente, la justicia mexicana actuaba contra la sofipo CAME, recientemente intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México aseguraban una de las oficinas de la entidad, en una acción derivada del bloqueo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Pablo Gómez, había impuesto a varios de sus directivos. La Fiscalía General de la República señalaba a figuras como Jorge Kleinberg, Pablo Coballasi y Pablo Andrés Varela, acusándolos de enajenar indebidamente inmuebles de la sofipo.

En el ámbito de las inversiones, el gestor de fondos de capital privado AINDA, dirigido por Manuel Rodríguez Arregui, firmaba una alianza con el Grupo Aval colombiano, presidido por Luis Carlos Sarmiento, a través de su brazo inversor Corficolombiana. El objetivo: identificar y evaluar oportunidades de inversión en Colombia y en el resto de América Latina, aprovechando la experiencia de AINDA en nuevos modelos de negocio y criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), y la trayectoria de Corficolombiana en los sectores de infraestructura, transporte, energía y gas.

Finalmente, en el escenario político, Andy, hijo del expresidente López Obrador y secretario de Organización de Morena, se movía para facilitarle la vida a Daniel Chávez, empresario cercano a la 4T, presidente honorario del Tren Maya y empleador de su hermano mayor, José Ramón López Beltrán. Chávez, enfrentando problemas con sus negocios de tiempos compartidos, buscaba el apoyo de los hijos de López Obrador tras perder influencia en el gobierno de Sheinbaum.

Con el verano en pleno apogeo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, daba inicio al Operativo de la Temporada Vacacional Verano 2025, con la expectativa de recibir a un millón de turistas y generar una derrama económica superior a los nueve mil 995 millones de pesos. Un despliegue de más de seis mil elementos y mil 37 unidades de diversas corporaciones garantizaba la seguridad de los visitantes, mientras que la alta ocupación hotelera proyectada consolidaba la reactivación turística y económica de Acapulco.