La abogacía, un pilar fundamental en la construcción de Iberoamérica. Desde la Antigüedad clásica, los juristas han sido artífices del orden y la paz, utilizando el Derecho como instrumento de control. En Iberoamérica, su papel ha sido crucial en la formación de las instituciones, compartiendo una identidad jurídica arraigada en la tradición romano-canónica. A lo largo de la historia, los abogados han legitimado el poder público, defendiendo las instituciones y reproduciendo los valores de la ideología política dominante. Sin embargo, también han sido agentes de cambio, impulsando transformaciones sociales y políticas para mejorar las condiciones de vida. Su labor ha dado origen a movimientos reivindicatorios que se han plasmado en reformas jurídicas, de las cuales se convierten en garantes y gestores.

Hoy, organizaciones internacionales como la Federación Iberoamericana de Abogados y la Organización Internacional de Magistrados y Jueces, promueven la profesionalización y especialización de sus miembros, buscando ampliar la participación ciudadana en la gobernanza. Estos esfuerzos trascienden fronteras, uniendo a abogados de diversas latitudes en la búsqueda de un Estado democrático de Derecho, donde la vida democrática y el bienestar de la gente sean la prioridad.

El compromiso con los valores del ordenamiento jurídico no debe limitarse al discurso, sino que requiere acciones concretas para alcanzar su efectividad. Debemos superar el formalismo jurídico y el iuspositivismo para lograr una justicia eficaz. En una verdadera democracia, los abogados deben velar por que el poder público cumpla sus deberes sin exceder sus límites, garantizando el respeto a los derechos y utilizando la ley con equidad.

En el ámbito judicial, existen numerosos desafíos. Es necesario garantizar el acceso a la justicia, transparentar la actuación de la judicatura, eliminar las prácticas formalistas, reducir la mora judicial, acortar los tiempos de resolución, erradicar el acoso laboral, respetar el debido proceso, combatir el influyentismo y el corporativismo, y sancionar a los malos juzgadores. Solo así, el pueblo recuperará la confianza en la justicia. Se trata de "lavarle la cara a la justicia", como una tarea urgente y necesaria.

Las asociaciones internacionales de abogados y jueces merecen reconocimiento por su labor de integración y difusión de los valores del Derecho en las sociedades democráticas. Su trabajo contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y a promover una justicia más accesible y equitativa para todos. El camino hacia una justicia plena es un proceso continuo que exige compromiso, perseverancia y la colaboración de todos los actores involucrados. Es una lucha por la vigencia real del Derecho, más allá de las formalidades, en beneficio de una sociedad más justa y democrática. La abogacía, con su historia y su presente, se erige como un actor fundamental en esta noble tarea.