La discriminación y el racismo no tienen cabida en la Ciudad de México. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen. Las leyes de la ciudad ya contemplan sanciones de hasta tres años de prisión para quienes cometan estos actos deleznables. Creemos firmemente que la vía legal es la herramienta más eficaz para combatir la discriminación y el racismo, y nos enorgullece contar con un marco jurídico robusto que protege a nuestros habitantes y visitantes. Más allá de las penas privativas de libertad, se promueven alternativas como la reparación del daño a la víctima a través de una indemnización y la realización de trabajo comunitario, buscando la reintegración del infractor a la sociedad y la concientización sobre la gravedad de sus acciones. Esta postura coincide con la iniciativa presentada en el Senado, lo que refuerza nuestro compromiso con una sociedad incluyente y respetuosa.

La gentrificación, un fenómeno global que afecta a las grandes urbes, presenta un desafío complejo para la Ciudad de México. El aumento desmedido de las rentas en ciertas zonas desplaza a los residentes históricos y transforma el tejido social. Ante esta problemática, el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum ha implementado una serie de medidas para mitigar sus efectos. Destaca la inversión histórica en vivienda social, con un presupuesto de 9 mil millones de pesos destinados a la construcción de viviendas accesibles, tanto en venta como en renta. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a la vivienda y permitir que las familias de menores recursos puedan permanecer en sus barrios, contrarrestando la presión del mercado inmobiliario.

Además, se ha establecido un límite al incremento anual de las rentas, que no debe superar la inflación. Reconocemos que la aplicación de esta medida requiere una mayor vigilancia y control sobre los arrendadores. Estamos trabajando para fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que se respete el derecho de los inquilinos a una vivienda digna y a un precio justo. En paralelo, la regulación de las rentas a través de plataformas digitales es otro frente de acción. Ya contamos con una ley que regula estas operaciones, pero es necesario optimizar su implementación y asegurar su cumplimiento efectivo. Continuaremos trabajando en la mejora de los procesos de verificación y en la sanción de aquellos que incumplan la normativa.

Las recientes lluvias han evidenciado la vulnerabilidad de la ciudad ante los hundimientos y socavones. La principal causa de estos fenómenos son las fugas de agua, que erosionan el subsuelo y provocan el colapso del terreno. Para abordar esta situación, la Secretaría de Obras ha implementado un programa de atención a reportes ciudadanos de fugas y escasez de agua. A pesar de las limitaciones que impone la temporada de lluvias para realizar reparaciones, la línea telefónica de reportes funciona a plena capacidad. Una vez que las precipitaciones disminuyan, nos enfocaremos en atender la totalidad de los reportes y en implementar medidas preventivas para minimizar el impacto de las próximas lluvias.

Finalmente, el programa de desarme voluntario se consolida como una estrategia exitosa para reducir la violencia en la ciudad. La entrega de 938 armas por parte de la ciudadanía, entre enero y julio de 2025, demuestra la confianza en las autoridades y el compromiso de la sociedad con la paz. La destrucción de estas armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional garantiza que no volverán a ser utilizadas en actos delictivos. Seguiremos impulsando este programa y otras iniciativas para construir una ciudad más segura para todos.