La sombra del huachicol, un fantasma que parecía desvanecerse en el discurso oficial del sexenio anterior, resurge con fuerza bajo la nueva administración. Más allá de las bravuconadas y las promesas incumplidas, la realidad del robo de combustible se imponía como una llaga abierta en el tejido económico y social del país. La tragedia de Tlahuelilpan, un recordatorio doloroso de la magnitud del problema, quedó sepultada bajo un manto de silencio y opacidad. La ausencia de responsables, la falta de explicaciones convincentes, y la gradual desaparición del tema de la agenda mediática, generaron un clima de impunidad y desconfianza. ¿Acaso el combate al huachicol se convirtió en un mero instrumento político, utilizado a conveniencia y luego descartado cuando dejó de ser útil?

El contraste con la actual estrategia es evidente. La nueva presidenta ha optado por un enfoque pragmático, alejado de los reflectores y las grandilocuencias. La coordinación interinstitucional, la fiscalización rigurosa y las sanciones contundentes son las armas que se han desplegado en esta renovada batalla contra el robo de combustible. Los 70 millones de litros de combustible asegurado en operativos recientes no son solo una cifra impactante, sino un símbolo de la voluntad política para enfrentar un problema que se había enquistado en las entrañas del sistema.

No se trata simplemente de cambiar el discurso, sino de transformar la forma de actuar. Mientras la administración anterior se enfocaba en cerrar ductos y culpar al pasado, la actual presidenta ha decidido cerrar filas y actuar contra los responsables, sin importar su filiación política o económica. Empresas como Ingemar, que operaban en los márgenes del sistema, bajo la sombra de la sospecha, son un ejemplo de la tolerancia y la complicidad que imperaban en el pasado. Hoy, la prioridad es desmantelar las redes de corrupción y llevar ante la justicia a todos los involucrados, sin excepciones.

El camino no será fácil. La estructura criminal detrás del huachicol es compleja y poderosa, con tentáculos que se extienden a todos los niveles del poder. Los intereses económicos en juego son enormes, y la resistencia al cambio será feroz. Sin embargo, la nueva presidenta ha demostrado una determinación inquebrantable para enfrentar este desafío. No se trata de maquillar la realidad ni de negar la existencia del problema, sino de atacarlo de raíz, con transparencia y firmeza.

La lucha contra el huachicol no es solo una cuestión económica, sino una batalla por la justicia y la seguridad de todos los mexicanos. El tiempo dirá si la estrategia actual es suficiente para erradicar este flagelo. Pero al menos, ahora, hay una voluntad visible y un compromiso real para combatirlo. El silencio cómplice ha sido roto, y la esperanza de un futuro libre del huachicol se renueva.

Más allá de los muros de Palacio Nacional, la posible colaboración de Ovidio Guzmán con las autoridades estadounidenses ha generado un revuelo silencioso en los círculos del poder. La posibilidad de que el hijo del Chapo revele nombres de políticos y empresarios ligados al narcotráfico ha puesto a muchos en vilo. “Que pague quien tenga que pagar”, se escucha en los pasillos del gobierno. La justicia no debe distinguir entre nombres ni apellidos. Si existen vínculos entre el crimen organizado y las altas esferas del poder, deben ser expuestos y castigados con todo el rigor de la ley. La impunidad no puede seguir siendo la norma.

Como diría un viejo refrán, "el que nada debe, nada teme". La transparencia y la rendición de cuentas son los pilares fundamentales de un gobierno legítimo. El huachicol, esa herida abierta en el cuerpo de la nación, debe ser sanada con acciones concretas, no con discursos vacíos. La nueva presidenta ha asumido el reto, y la sociedad espera que cumpla con su promesa de combatir este flagelo con firmeza y determinación.