En Nayarit, la justicia se pone del lado de la infancia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha reafirmado su apoyo a los embargos de las Afores para garantizar el pago de pensiones alimenticias, una decisión que prioriza el bienestar de niñas, niños y adolescentes por encima de cualquier otro interés. Imaginen el futuro de un niño sin el sustento necesario para su desarrollo: alimentación, educación, salud… En Nayarit, se trabaja para que ese futuro no sea una realidad. La Presidenta del Poder Judicial, Araceli Ávalos Lemus, lo ha dejado claro: el acceso a la justicia debe ser efectivo para los menores, y ningún mecanismo legal puede obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Esta medida no se trata de castigar, sino de asegurar que los derechos de los menores sean respetados. Piensen en esos padres y madres que luchan día a día para sacar adelante a sus hijos, enfrentándose a la irresponsabilidad de quienes eluden su deber. Este respaldo del TSJ les brinda una herramienta vital para exigir lo que por ley les corresponde a sus hijos. No se trata de arrebatar el futuro de nadie, sino de construir un presente digno para la infancia. ¿Acaso hay algo más importante que la alimentación, la educación y la salud de nuestros niños?

El embargo de las Afores es una medida que se aplica cuando el deudor alimentario, a pesar de tener recursos, se niega a cumplir con su obligación. No se trata de una acción arbitraria, sino de un último recurso para asegurar el bienestar de los menores. La magistrada Ávalos Lemus ha explicado que este criterio se aplica especialmente en casos donde el deudor no tiene un empleo formal, lo que dificulta el cobro de la pensión. Es una respuesta a la necesidad de proteger a la infancia en situaciones de vulnerabilidad, garantizando que sus necesidades básicas sean cubiertas, incluso cuando el deudor intenta evadir su responsabilidad.

Este fallo del TSJ representa un paso fundamental en la defensa de los derechos de la infancia en Nayarit. Se suma a otras iniciativas del gobierno estatal para combatir la morosidad alimentaria y refleja un compromiso real con la justicia social. La protección de los sectores más vulnerables, en especial niñas, niños y adolescentes, se convierte en una prioridad institucional, sentando un precedente importante en la lucha por una sociedad más justa y equitativa. No solo se habla de leyes y decretos, sino de acciones concretas que impactan positivamente en la vida de quienes más lo necesitan.

Nayarit se convierte así en un ejemplo a seguir en la protección de la infancia. Al priorizar el bienestar de las nuevas generaciones, el estado invierte en un futuro más prometedor para todos. Este compromiso con la justicia social no solo beneficia a las familias afectadas por la morosidad alimentaria, sino que fortalece el tejido social y construye una comunidad más solidaria y responsable. La infancia es el futuro, y en Nayarit, se trabaja para que ese futuro esté lleno de oportunidades y libre de carencias.