La justicia en los juicios de arrendamiento se enfrenta a un reto crucial: la protección de los derechos humanos de los inquilinos en situación de vulnerabilidad. El Juez Huguet Rodríguez Godínez ha puesto el dedo en la llaga al instar a los abogados a no ser omisos ante estas situaciones, recordando la importancia de la "lealtad procesal". Este principio, piedra angular del sistema judicial, exige a los litigantes actuar con ética y transparencia, informando al juez sobre cualquier circunstancia que pueda afectar la capacidad de una de las partes para defender sus derechos. No se trata de una simple formalidad, sino de una obligación moral y profesional que busca garantizar un juicio justo e imparcial.

La vulnerabilidad puede manifestarse de diversas maneras, desde dificultades económicas hasta discapacidades o situaciones de dependencia. Reconocer estas realidades y ponerlas en conocimiento del juez permite que este último adapte el proceso y tome las medidas necesarias para garantizar la igualdad de armas. Imaginemos, por ejemplo, a una persona mayor con problemas de movilidad enfrentando un juicio de desalojo. La asistencia de un trabajador social o la concesión de plazos adicionales para presentar pruebas podrían marcar la diferencia entre perder su hogar y conservar un techo sobre su cabeza.

Sin embargo, el Juez Rodríguez Godínez también ha sido enfático en que la vulnerabilidad no puede ser un escudo para eludir las responsabilidades. El derecho a una vivienda digna no exime del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como el pago de la renta. Es un equilibrio delicado, una línea fina que exige un análisis caso por caso, considerando las circunstancias particulares de cada individuo. No se puede generalizar ni caer en prejuicios, sino que se debe buscar una solución justa y equitativa que proteja tanto los derechos del arrendador como los del arrendatario.

La pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de muchas familias y la necesidad de una mayor protección social. Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, y el sistema judicial debe estar preparado para adaptarse a las nuevas realidades. La suspensión de los desalojos durante la crisis sanitaria fue un ejemplo de cómo la ley puede ser flexible y responder a las necesidades de la población.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) establece un marco claro para la gestión de los juicios de arrendamiento, promoviendo la transparencia y la oralidad. Las audiencias videograbadas permiten un seguimiento exhaustivo del proceso, garantizando la publicidad y el control ciudadano. Este avance tecnológico no solo facilita el acceso a la justicia, sino que también fortalece la confianza en las instituciones.

Los juicios de arrendamiento son una realidad cotidiana en nuestras ciudades, reflejo de las tensiones entre la propiedad privada y el derecho a la vivienda. El impago de rentas, la recuperación anticipada del inmueble o los cambios de uso son algunos de los conflictos más frecuentes. Resolver estas disputas de forma justa y eficiente es esencial para la convivencia pacífica y el desarrollo social. La justicia, en definitiva, no solo debe ser ciega, sino también sensible a las realidades sociales y a las necesidades de las personas más vulnerables. El llamado del Juez Rodríguez Godínez a la "lealtad procesal" es un paso importante en esa dirección.