La vulnerabilidad del Estado mexicano ante la injerencia extranjera en sectores estratégicos ha quedado expuesta recientemente con la detención de Anderson Olivares de Oliveira y las acusaciones contra Thiago De Magalhaes, ambos brasileños. Estos casos, sumados al arbitraje internacional que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto y a empresarios israelíes por la compra de Pegasus, encienden las alarmas sobre la permeabilidad de nuestras instituciones. No se trata de casos aislados, sino de una tendencia preocupante que revela la facilidad con la que operadores foráneos se insertan en áreas sensibles del país, desde las finanzas hasta la seguridad nacional, burlando los controles y aprovechando las lagunas legales existentes. Mientras la Ley de Inversión Extranjera establece límites teóricos, la realidad muestra una falta de supervisión efectiva por parte de organismos como la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La opacidad que rodea la operación de estos actores extranjeros no siempre implica ilegalidad, sino una ausencia de mecanismos de control y transparencia. La falta de autorización previa, el inexistente registro de actividades de cabildeo y la ambigüedad en los límites de operación, dejan al país en una situación de vulnerabilidad. Regular la inversión extranjera no significa cerrarle las puertas al capital foráneo, sino establecer reglas claras, transparentes y, sobre todo, verificables. Especialmente en sectores cruciales como la seguridad nacional y el manejo de recursos públicos, la vigilancia debe ser rigurosa.

El caso de Thiago De Magalhaes, con denuncias presentadas ante instancias como la Secretaría de la Función Pública, el SAT y la FGR, ilustra la complejidad de la situación. La falta de respuesta por parte de las autoridades alimenta la sospecha de complicidades e inacción. De igual forma, la detención de Olivares, acusado de fraude financiero, pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control en el sector financiero.

Más allá de estos casos específicos, la problemática se extiende a otros ámbitos, como la movilidad urbana. La congestión, la contaminación y la inequidad en el acceso al transporte exigen una transformación profunda del sector. La movilidad debe ser abordada como un desafío estructural que requiere un replanteamiento integral, con la participación de todos los actores involucrados. Iniciativas como el Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM), con la participación de la AMAM, ANPACT y WRI, representan un paso importante en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, es crucial traducir los diagnósticos y las propuestas en acciones concretas que garanticen un transporte eficiente, sostenible y accesible para todos.

Finalmente, la situación del IMSS-Bienestar, con los adeudos a proveedores como Ocram Seyer, refleja la crisis que atraviesa el sistema de salud. Si bien se reconocen los esfuerzos por abastecer de medicamentos, es fundamental atender también la problemática financiera y garantizar el pago a los proveedores que prestan servicios esenciales. El llamado al titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, es a tomar cartas en el asunto y resolver esta situación que afecta la operación del organismo y la calidad de la atención médica. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.