La inseguridad, como una enfermedad crónica, ha carcomido el tejido social de nuestra nación. Nos encontramos ante un panorama desolador, donde la pérdida de valores y el espectro del crimen se ciernen sobre nuestras vidas. La política de combate a la delincuencia se erige, por tanto, como la tarea más urgente y apremiante de nuestro tiempo. Es innegable la profunda brecha que separa al gobierno actual del anterior en cuanto a la estrategia para afrontar este mal. Mientras la política de "abrazos, no balazos" parecía alimentar la metástasis de la corrupción y la violencia, permeando cada estrato de nuestra sociedad, la firmeza del "tope hasta dónde tope" representa la voluntad del Estado de utilizar todos los recursos legítimos a su alcance para revertir esta situación que se ha extendido como una plaga por todo el país.

Esta postura, sin embargo, no nace en el vacío. Se nutre, por un lado, de la presión internacional, con Estados Unidos declarando terroristas a los cárteles de la droga, y por otro, de la visión de un funcionario cuya trayectoria ha estado marcada por el enfrentamiento directo al crimen organizado: Omar García Harfuch. Desde su gestión como jefe policiaco de la Ciudad de México en la administración Sheinbaum, Harfuch ha demostrado la capacidad de impulsar un nuevo marco jurídico, como la reciente iniciativa contra la extorsión, para hacer frente a esta problemática.

Los resultados, aunque aún insuficientes, son palpables: más de 25 mil detenidos, una disminución en la tasa de homicidios y otros delitos. Sin embargo, la amenaza persiste, latente, en nuestro día a día. La destrucción de más de mil laboratorios de drogas, la captura de vehículos y armas, y el descubrimiento de la asombrosa magnitud del huachicoleo, un fenómeno que va más allá del simple robo de combustible y representa una multimillonaria red de contrabando que sangra las finanzas públicas y debilita a Pemex, son pruebas de la complejidad del problema.

A pesar de estos avances, un desafío crucial sigue pendiente: la desarticulación de las redes de protección que amparan a este mundo delincuencial. Esas redes, enquistadas en nichos empresariales y en las entrañas mismas del Estado, desde los municipios hasta la federación, son el verdadero cáncer que debemos extirpar. "Caiga quien caiga", ha sentenciado la jefa de Estado. Una frase que, aunque repetida, no pierde su vigencia. Es imperativo capturar y llevar ante la justicia a las cabezas ocultas que operan desde la sombra, protegiendo la impunidad de este gravísimo fenómeno.

No basta con perseguir a los sicarios, la Nación exige que se finquen responsabilidades a quienes, desde la comodidad de sus escritorios en bancos, empresas y oficinas gubernamentales, han tejido la red de protección que permite la proliferación del crimen. Detener y aniquilar estas redes es fundamental para nuestro desarrollo como nación.

La labor de las Secretarías de la Defensa, de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías locales, debe continuar, incluso si esto implica vulnerar espacios políticos y empresariales hasta ahora intocados. De no hacerlo, las acciones emprendidas hasta el momento se reducirán a una simple anécdota en la historia contemporánea.

Más allá de la lealtad y el respeto que la Presidenta profesa a López Obrador, su compromiso ineludible es con la Nación mexicana. Por ello, el "tope hasta dónde tope" debe prevalecer sobre los "abrazos, no balazos". El futuro de nuestro país depende de ello. Es una batalla que no podemos permitirnos perder.