La desaparición forzada, una llaga abierta en el tejido social, nos obliga a actuar con urgencia y determinación. No podemos permitir que la incertidumbre y el dolor se apoderen de las familias que buscan incansablemente a sus seres queridos. Más allá de las estadísticas frías, cada caso representa una historia truncada, un futuro robado. Por eso, las recientes reformas a nivel federal en materia de seguridad, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, representan un paso crucial en la dirección correcta. La nueva Ley de Desaparición Forzada nos equipa con herramientas más robustas para la búsqueda, localización e identificación de las víctimas, brindando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad.

Sin embargo, no basta con la voluntad política. La eficacia de estas reformas depende de una implementación integral que aborde el problema desde múltiples frentes. Necesitamos una estrategia tridimensional que combine la tecnología, la operatividad y la legislación. Imaginen el potencial de la geolocalización, las bases de datos interconectadas y los sistemas de alerta temprana para agilizar las búsquedas y aumentar las posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas. Pero estas herramientas tecnológicas son inútiles sin personal capacitado, recursos técnicos adecuados y protocolos de actuación claros y eficientes. Debemos dotar a nuestras instituciones de los medios necesarios para llevar a cabo su labor de manera efectiva.

Y, por supuesto, todo esto debe estar sustentado en un marco legal sólido y coherente. Las leyes son el cimiento de la justicia y el orden democrático. Sin ellas, los esfuerzos tecnológicos y operativos se pierden en un laberinto de contradicciones e impunidad. Es preocupante constatar que, en nuestro propio estado, persisten incongruencias y disposiciones legales que chocan con la normativa federal. Esta falta de armonización no solo genera confusión, sino que también puede obstaculizar las investigaciones y perpetuar la impunidad.

Por esta razón, las iniciativas de reforma que presenté esta semana ante el Congreso de Puebla son de vital importancia. La primera, enfocada en la Ley de Salud, busca establecer protocolos claros para el tratamiento digno y la correcta preservación de los cadáveres no identificados. Esto no solo es una cuestión de respeto a la dignidad humana, sino también una medida crucial para preservar la información vital para la identificación y las investigaciones judiciales. Imaginen el dolor de las familias que no pueden dar sepultura a sus seres queridos porque sus restos no son tratados con el respeto que merecen. Esta reforma busca poner fin a esa situación intolerable.

La segunda iniciativa, que propone la derogación de la Sección Sexta del Capítulo Décimo Cuarto del Código Penal poblano, busca eliminar las contradicciones con la Ley General. Estas discrepancias normativas no solo generan confusión, sino que también abren la puerta a vicios procesales y vacíos legales que pueden ser explotados por la delincuencia. La armonización legislativa es esencial para garantizar la eficacia de nuestras leyes y la aplicación efectiva de la justicia.

En estos tiempos de incertidumbre, es fundamental que trabajemos juntos para construir soluciones. El gobierno federal y estatal están haciendo un gran esfuerzo para combatir la inseguridad, pero necesitamos el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Desde nuestra trinchera, como legisladores, tenemos la responsabilidad de aportar y crear las condiciones para que estas soluciones se arraiguen y den frutos. La lucha contra la desaparición forzada es una tarea de todos, y no podemos descansar hasta que cada persona desaparecida regrese a casa. La esperanza, la justicia y la paz social dependen de nuestro compromiso y nuestra perseverancia.