La sombra de la especulación inmobiliaria se cierne una vez más sobre los frágiles ecosistemas costeros de México. El caso del proyecto "Lotes Exclusivos Manglares" en Isla Cortés, Navolato, Sinaloa, destapa una preocupante realidad: la voracidad del desarrollo turístico a costa de la invaluable riqueza natural. La denuncia periodística que puso al descubierto la devastación del mangle en la zona, desencadenó la intervención de la Profepa, que actuó con celeridad imponiendo una clausura parcial temporal de las obras. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es ¿hasta qué punto estas medidas son suficientes para frenar el imparable avance de la destrucción ambiental?

La imagen de una excavadora detenida por los sellos de la Profepa, en medio de un paisaje alterado por la ambición desmedida, es un símbolo de la lucha constante entre la conservación y el progreso mal entendido. El proyecto, que se encuentra dentro del Desarrollo Nuevo Altata, se extiende sobre un polígono de 26.88 hectáreas, donde la huella de la intervención humana es innegable. El relleno de arena marina, producto del dragado del estero Pelícanos, contenido por un muro de concreto, evidencia la alteración del equilibrio natural. Y lo más grave: estas obras carecen de la autorización de la Semarnat, lo que las convierte en una flagrante violación a la legislación ambiental.

La remoción de manglar, ese escudo protector de las costas, es quizás el daño más irreparable. Especies como el mangle blanco (Laguncularia racemosa), el mangle prieto (Avicennia germinans) y el mangle botoncillo (Conocarpus erectus) han sido víctimas de la tala indiscriminada, dejando tras de sí un paisaje desolado y vulnerable. Si bien el Desarrollo Nuevo Altata cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), las condicionantes de la misma establecen claramente que cada proyecto individual debe tramitar su propia autorización, algo que los desarrolladores de "Lotes Exclusivos Manglares" parecen haber ignorado convenientemente.

La clausura temporal impuesta por la Profepa es un primer paso, pero no es suficiente. Es imperativo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para determinar la magnitud del daño ecológico y se apliquen las sanciones correspondientes, sin concesiones ni favoritismos. El procedimiento administrativo debe sentar un precedente, un mensaje claro para aquellos que pretenden enriquecerse a costa del patrimonio natural de todos los mexicanos. La protección del mangle no es negociable. Su valor ecológico es incalculable, ya que actúa como barrera natural contra huracanes, previene la erosión costera, filtra el agua y alberga una gran diversidad de especies.

La ciudadanía debe estar vigilante y exigir que se cumplan las leyes ambientales. La denuncia periodística que destapó este caso es un ejemplo del poder que tiene la información para generar cambios positivos. Es necesario seguir alzando la voz ante cualquier indicio de destrucción ambiental, para que casos como el de "Lotes Exclusivos Manglares" no se repitan. El futuro de nuestras costas, y del planeta entero, depende de la responsabilidad con la que actuemos hoy. El desarrollo económico no puede estar por encima de la preservación del medio ambiente. Es hora de apostar por un desarrollo sostenible, que respete la naturaleza y garantice un futuro para las próximas generaciones.