La reciente suspensión del comercio ganadero entre México y Estados Unidos, tras apenas tres días de reapertura, ha generado una ola de incertidumbre y desconcierto en el sector. La justificación de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, sobre la detección de un nuevo caso de gusano barrenador en el norte de Veracruz, si bien válida desde un punto de vista sanitario, despierta sospechas por la rapidez con la que se tomó la decisión y, sobre todo, por el cuestionamiento público a la confiabilidad de los datos proporcionados por México. Este tipo de declaraciones, cargadas de un tono paternalista y desconfiado, no hacen más que tensar la relación bilateral y abonar a la narrativa de un proteccionismo disfrazado de precaución sanitaria.

La pregunta que flota en el aire es si realmente se busca erradicar la plaga o debilitar al vecino comercial. Si el objetivo fuera el primero, un cierre total de la frontera no parece ser la solución más efectiva. Existen alternativas, como la colaboración entre ambos países para implementar estrategias conjuntas de control y erradicación del gusano barrenador. Estados como Chihuahua, Sonora y Coahuila han demostrado su compromiso con la sanidad animal, implementando rigurosos controles y obteniendo certificaciones internacionales que avalan sus procesos. ¿Por qué, entonces, se opta por una medida tan drástica como el cierre fronterizo, que afecta a todos los productores, sin importar su nivel de cumplimiento sanitario?

La respuesta, lamentablemente, parece estar más en el ámbito político que en el técnico. En un contexto electoral en Estados Unidos, la administración Trump recurre a su habitual juego de roles, alternando entre el policía bueno y el policía malo, para impulsar una agenda proteccionista que, en última instancia, busca beneficiar a los productores estadounidenses a costa de los mexicanos. Este tipo de medidas unilaterales y arbitrarias no solo perjudican la economía de ambos países, sino que también erosionan la confianza y la cooperación bilateral.

Lo más preocupante, sin embargo, es el silencio del gobierno mexicano. La falta de una respuesta contundente y la aparente sorpresa ante la decisión estadounidense generan la impresión de que México se ha quedado sin herramientas para defender sus intereses. Ante un escenario donde cada millón de dólares cuenta y cada animal en cuarentena representa una pérdida para los productores, es crucial que el gobierno mexicano adopte una postura firme y exija respeto y transparencia en el manejo de la situación. La diplomacia debe estar acompañada de datos sólidos y argumentos técnicos irrefutables que demuestren el compromiso de México con la sanidad animal.

En otro orden de ideas, la reciente declaración de María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, sobre los sellos de advertencia en los chocolates del bienestar, abre un interesante debate sobre la comunicación de las propiedades nutricionales de los alimentos. Si bien su argumento sobre las "grasas buenas" del cacao puede resultar poético, plantea una oportunidad para la industria de alimentos procesados. Empresas como Bimbo, Pepsi o Coca-Cola podrían aprender de esta experiencia y buscar formas más creativas y menos técnicas para comunicar las características de sus productos al consumidor, enfatizando los beneficios y no solo las advertencias. En un mercado cada vez más consciente de la salud y la nutrición, la transparencia y la comunicación efectiva son claves para ganar la confianza del consumidor.