La promesa inicial de Airbnb, la de conectar culturas y ayudar a las personas a costear la vida urbana alquilando sus espacios, se ha desvirtuado en muchas ciudades del mundo. Lo que comenzó como una plataforma colaborativa se ha transformado en un motor de especulación inmobiliaria y gentrificación, exacerbando la crisis de vivienda en metrópolis como la Ciudad de México, Barcelona o Nueva York. El atractivo de obtener mayores ingresos alquilando a turistas, a menudo extranjeros con mayor poder adquisitivo, ha provocado la salida masiva de viviendas del mercado de alquiler tradicional. Esto disminuye la oferta disponible para los residentes locales, infla los precios y, en última instancia, desplaza a comunidades enteras.

En la Ciudad de México, este fenómeno es palpable en barrios como la Roma, Condesa y Juárez, que han experimentado una transformación acelerada. La llegada de jóvenes profesionales, principalmente estadounidenses, atraídos por el trabajo remoto y la fortaleza del dólar frente al peso, ha encarecido el costo de vida para los residentes locales, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar sus hogares. El problema se extiende a otras colonias como la San Rafael y Santa María la Ribera, demostrando la voracidad de este mercado desregulado. Informes del Instituto de Planeación Democrática señalan la existencia de más de 20 mil propiedades en plataformas como Airbnb, muchas operando al margen de la ley y sin contribuir al fisco. Resulta paradójico, y preocupante, que el gobierno capitalino haya firmado un convenio con Airbnb en 2022 para promover la ciudad como destino para nómadas digitales, ignorando el impacto negativo que esta política tiene sobre miles de capitalinos.

La experiencia de otras ciudades ofrece ejemplos de las consecuencias de la falta de regulación y de las posibles soluciones. Barcelona, bajo el liderazgo de Ada Colau, ha implementado medidas restrictivas como multas a anfitriones ilegales y la reducción de licencias, con el objetivo de eliminar todos los pisos turísticos para 2028. Nueva York exige el registro de los anfitriones, que vivan en la propiedad que rentan y limita la duración de las estancias. Ámsterdam restringe los alquileres turísticos a 30 días al año. Lisboa, tras protestas masivas por la escasez de vivienda, ha suspendido la emisión de nuevas licencias para alojamientos turísticos en su centro histórico.

Estas medidas, aunque imperfectas, demuestran la necesidad de una intervención decidida por parte de las autoridades para proteger el derecho a la vivienda. La pregunta fundamental es: ¿a quién pertenece la ciudad? ¿A quienes la habitan y la construyen día a día, o a quienes la ven como un producto turístico más? En México, la falta de una política clara a nivel federal y municipal deja a miles de inquilinos a merced de la especulación, enfrentando desalojos, aumentos desproporcionados en las rentas y la angustia de no poder vivir en su propia ciudad.

Es crucial entender que la culpa no recae en los extranjeros que buscan alojamiento, sino en la falta de regulación y la visión cortoplacista que prioriza el lucro sobre el bienestar de la comunidad. La vivienda es un derecho, no un privilegio, y es imperativo que las autoridades implementen políticas que protejan a los residentes y garanticen el acceso a una vivienda digna. De lo contrario, la ciudad se convertirá en un espacio exclusivo para unos pocos, vaciando su esencia y su diversidad. Como bien decía Claude Lévi-Strauss, sin ciudades no hay filósofos; y sin habitantes, las ciudades pierden su alma.