La angustia de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos se agudiza con la burocracia y las dificultades técnicas que rodean el acceso a las grabaciones del Escudo Urbano C5. Si bien la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, a cargo de Edna Montoya Sánchez, reconoce la necesidad de ampliar el periodo de resguardo de estas grabaciones, la complejidad técnica del proceso plantea un desafío considerable. Almacenar la ingente cantidad de datos generados por todas las cámaras de manera simultánea requiere una infraestructura tecnológica robusta y una inversión significativa, dificultando la implementación de una solución inmediata.

Esta problemática se suma a la lista de 50 acciones que la Comisión Especial para atender asuntos de desaparición de personas en el Congreso del Estado está revisando. La entrega oportuna de estos videos es crucial para las investigaciones, ya que pueden proporcionar pistas vitales sobre el paradero de las víctimas y el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, la realidad que enfrentan las familias contrasta con los procedimientos establecidos.

Montoya Sánchez insiste en la importancia de presentar las denuncias de desaparición de manera inmediata para agilizar la revisión de las grabaciones del C5. El protocolo establecido implica la activación de una alerta a través del 911 y la presentación de una denuncia formal ante la Vicefiscalía, lo cual, en teoría, debería desencadenar la búsqueda y el análisis de las imágenes relevantes. Sin embargo, los testimonios de las familias afectadas revelan una discrepancia entre la teoría y la práctica.

Casos como el de Benjamín Jauregui, desaparecido hace 29 días en la colonia Pintores Españoles de Tlaquepaque, ilustran la frustración y la desesperación que experimentan quienes buscan a sus seres queridos. A pesar de haber cumplido con los procedimientos, su madre, Laura Castañeda, aún no ha podido acceder a las grabaciones del C5. La falta de acceso a esta información crucial obstaculiza la investigación y prolonga la incertidumbre.

La historia se repite con la señora Jovita González, madre de Miguel Ríos, desaparecido hace un mes en la Colonia La Campesina. La respuesta que ha recibido de las autoridades es desalentadora: algunas cámaras no funcionan y otras están “en proceso” de revisión. La vaguedad de estas explicaciones y la falta de resultados concretos alimentan la angustia de la señora González, quien ve cómo los días pasan sin obtener respuestas sobre el paradero de su hijo, un joven con un futuro prometedor que esperaba ingresar a la carrera de Leyes.

Estos casos ponen de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones efectivas para agilizar el acceso a las grabaciones del C5. La tecnología de vigilancia, si bien es una herramienta poderosa, pierde su utilidad si no se implementa de manera eficiente y accesible para quienes más la necesitan. La transparencia en los procesos, la comunicación efectiva con las familias y la inversión en infraestructura tecnológica son fundamentales para garantizar que el Escudo Urbano C5 cumpla su propósito de proteger a la ciudadanía y brindar apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas. La espera desesperada de las familias no puede prolongarse indefinidamente. Es necesario un compromiso real por parte de las autoridades para agilizar los procesos y brindarles las respuestas que tanto anhelan.