En un abrir y cerrar de ojos, el panorama legislativo mexicano se ha transformado. Lo que prometía ser un periodo extraordinario de sesiones para atender asuntos urgentes, se ha convertido en un escenario de inquietud para las libertades individuales. Entre el 23 de junio y el 2 de julio, el Senado y la Cámara de Diputados han tejido una red de reformas que, bajo la justificación de la eficiencia y la seguridad, dibujan un futuro preocupante para la privacidad y la autonomía ciudadana.

La promesa de simplificar trámites burocráticos con la Llave MX y la CURP biométrica esconde una realidad más compleja. ¿A qué precio llega la agilización? La centralización de datos personales en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, liderada por Pepe Merino, genera serias dudas sobre la protección de nuestra información. ¿Qué garantías existen para evitar el mal uso de nuestros datos biométricos, una información tan sensible que nos define como individuos? ¿Quién supervisará a la ATDT y cómo se asegurará la transparencia en el manejo de esta información vital? La falta de respuestas claras ante estas interrogantes enciende las alarmas sobre un posible abuso de poder.

La reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada, si bien busca un fin loable, introduce la Plataforma Única de Identidad, otra herramienta que se alimenta de la CURP biométrica. Si bien la intención puede ser rastrear a personas desaparecidas, el espectro de vigilancia masiva se agiganta. Cada transacción, cada boleto de avión o autobús, cada interacción con servicios públicos se convierte en un registro susceptible de ser monitoreado. ¿Dónde está el límite entre la seguridad y el control absoluto?

La reforma en materia de telecomunicaciones añade otra capa a esta preocupante realidad. La facultad del gobierno para suspender transmisiones bajo el argumento de “violación a los derechos de las audiencias” abre la puerta a la censura y la limitación de la libertad de expresión. Aún más alarmante es el Registro Obligatorio de Usuarios Móviles, que exige la entrega de la CURP biométrica para acceder a un servicio tan básico como la telefonía móvil. Con esto, la geolocalización en tiempo real queda al alcance de las autoridades, sin control judicial alguno. ¿Se imaginan las implicaciones de esta medida en un contexto de protestas sociales o de disidencia política?

La reforma de la Guardia Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, conocida como “Ley Espía”, completan este preocupante panorama. La geolocalización sin orden judicial y la vigilancia masiva nos colocan en una situación de vulnerabilidad constante, donde la presunción de inocencia se desvanece y todos nos convertimos en sospechosos potenciales. ¿Es este el México que queremos construir? ¿Un país donde el miedo a la vigilancia constante limite nuestras libertades y silencie nuestras voces?

Ante este panorama, es crucial cuestionar las motivaciones detrás de estas reformas. ¿Se trata realmente de mejorar la seguridad y la eficiencia, o estamos ante un intento sistemático de control y sometimiento? Es fundamental exigir transparencia, rendición de cuentas y garantías para la protección de nuestros derechos fundamentales. El futuro de nuestra libertad está en juego y no podemos permitir que se nos arrebate en nombre de una falsa seguridad. Debemos permanecer vigilantes y alzar la voz ante cualquier intento de socavar los principios democráticos que sustentan nuestra sociedad. La lucha por la libertad y la privacidad es una batalla que no podemos darnos el lujo de perder.