La sombra de la corrupción se cierne aún más pesada sobre el exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez. El reciente cateo a una de sus propiedades no solo ha destapado una intrincada red de transferencias sospechosas a familiares, sino que también ha desenterrado nuevas evidencias que lo vinculan con el desvío millonario de fondos públicos. Imaginen: 243 millones de pesos, recursos destinados al Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, evaporados. Dinero que, según la denuncia, provenía del 10% recaudado por revalidación vehicular, un impuesto que pagamos todos los chihuahuenses, desviado para fines desconocidos. ¿Dónde quedó ese dinero? Es la pregunta que resuena en la mente de todos.

La Fiscalía Anticorrupción, con una labor minuciosa y perseverante, ha logrado desentrañar parte de este entramado. El hallazgo de documentos que revelan la transferencia de propiedades a nombre de su esposa e hijos no solo es un indicio de la posible intención de Fuentes Vélez de blindar su patrimonio ante la justicia, sino que también dibuja un panorama desolador: la utilización de la familia como escudo protector frente a las consecuencias de sus actos.

No se trata de un simple departamento en un fraccionamiento residencial. Hablamos de un inmueble en una zona exclusiva de la ciudad, con una superficie de casi 274 metros cuadrados, un símbolo tangible del posible despilfarro de recursos públicos. A esto se suma el terreno en Paseos de las Palmas y las cuentas bancarias a nombre de personas allegadas. Cada uno de estos bienes asegurados es una pieza más en el complejo rompecabezas de la corrupción que la Fiscalía está reconstruyendo con paciencia y determinación.

Y como si el presunto desvío de los 243 millones no fuera suficiente, una nueva orden de aprehensión, esta vez por uso ilegal de atribuciones, complica aún más la situación del exfuncionario. El intento de cubrir una deuda del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) mediante un convenio atípico por más de 400 millones de pesos levanta aún más sospechas. ¿A quién beneficiaba realmente este acuerdo? ¿Qué intereses ocultos se escondían detrás de esta maniobra?

Las palabras del fiscal Abelardo Valenzuela Holguín resuenan con fuerza: “El aseguramiento cumple una función jurídica clave: restringe la disposición del bien, lo hace oponible a terceros y permite salvaguardar los intereses del Estado”. Una declaración que no solo explica el procedimiento legal, sino que también transmite un mensaje claro a la ciudadanía: la justicia está actuando, se está trabajando para recuperar lo que nos pertenece a todos.

Mientras tanto, Arturo Fuentes Vélez sigue prófugo. Su ausencia, más que una estrategia legal, se percibe como una confesión tácita de culpabilidad. Cada día que pasa, la montaña de evidencias en su contra crece, y la esperanza de que la justicia prevalezca se fortalece. La ciudadanía exige respuestas, exige que se esclarezcan los hechos y que los responsables rindan cuentas. El caso de Fuentes Vélez se convierte en un ejemplo paradigmático de la lucha contra la corrupción, una lucha que requiere del compromiso de todos para construir un futuro más transparente y justo.