La pesadilla comenzó un día aparentemente normal, el 6 de abril de 2024. Imaginen la escena: un hombre, afuera de su casa en Tecomán, Colima, repentinamente rodeado por figuras amenazantes, armas en mano. Mario Joel “N”, junto a sus cómplices, irrumpió en la tranquilidad de la tarde, sembrando el terror y la incertidumbre. Golpes, esposas, un forcejeo violento… la víctima, despojada de su libertad, fue arrastrada a un infierno que se prolongaría por días.

El calvario no terminó ahí. Trasladado a diferentes lugares, finalmente fue confinado en una clínica de rehabilitación, un lugar que irónicamente debería ser de sanación, pero que en este caso, se convirtió en su prisión. Allí, bajo la supuesta tutela de Sergio Antonio “N”, encargado del establecimiento, las agresiones continuaron. No solo la privación de la libertad, sino también la tortura física y psicológica, el aislamiento, la incomunicación, el miedo constante a lo desconocido. Imaginen la angustia de la víctima, preguntándose qué sería de él, sin saber si volvería a ver a sus seres queridos.

Mientras tanto, afuera, la familia vivía su propio tormento. La extorsión, las amenazas, la desesperación de no saber el paradero de su ser querido, la sombra de la muerte acechando en cada llamada telefónica. 300 mil pesos, una cifra que representaba la esperanza de volver a abrazar a su familiar, pero también la angustia de no saber si sería suficiente. Días que se convirtieron en una eternidad, llenos de incertidumbre y dolor, cada minuto una tortura.

La Unidad Especializada en Combate al Delito de Secuestro (UECS) de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE), trabajó incansablemente para seguir el rastro de los secuestradores. Las investigaciones, las pistas, el análisis de la información, todo apuntaba a la clínica de rehabilitación en la colonia Indeco de Tecomán. Finalmente, el 24 de abril, la luz al final del túnel: un operativo policial culminó con el rescate de la víctima y la detención de Mario Joel “N” y Sergio Antonio “N”. La justicia comenzaba a tomar forma.

El juicio oral, un escenario donde la verdad se enfrentó a la mentira, donde las pruebas hablaron por sí solas. El Ministerio Público, con precisión y contundencia, presentó los argumentos que demostraron la culpabilidad de los acusados. La sentencia, un bálsamo para la víctima y su familia, un mensaje claro para la sociedad: 60 años de prisión para cada uno de los responsables, una condena que refleja la gravedad del delito cometido. Más allá de la pena privativa de libertad, se impuso el pago de la reparación del daño, un reconocimiento al sufrimiento infligido, un intento de resarcir, en la medida de lo posible, el daño causado.

Este caso nos recuerda la importancia de la lucha contra la impunidad, la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de procurar justicia y la vital labor de las unidades especializadas en la lucha contra el secuestro. Es un llamado a la sociedad a mantenerse vigilante, a denunciar cualquier indicio de este terrible delito y a trabajar juntos para construir un Colima más seguro para todos. La justicia, aunque a veces tarde, siempre llega.