En un giro inesperado que sacude los cimientos del sector financiero y político de Baja California, la detención de Nabor Medina, directivo de Banco Afirme, ha desatado una ola de especulaciones y controversias. Mientras algunos susurran sobre una posible persecución política, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila ha salido al frente con firmeza, desmintiendo categóricamente tales alegaciones. Según sus declaraciones, la detención se enmarca estrictamente en un proceso legal cuyo objetivo es recuperar recursos públicos que pertenecen legítimamente al estado.

El origen del conflicto se remonta a un contrato, firmado durante la administración anterior de Jaime Bonilla, para la construcción de una ambiciosa planta fotovoltaica. Sin embargo, este proyecto, que prometía un futuro brillante para la región, nunca vio la luz del día. La razón: la falta de los permisos necesarios para su ejecución. A pesar de las advertencias explícitas, documentadas en un oficio dirigido al gobierno estatal, se procedió a firmar el contrato, estableciendo como garantía las participaciones federales del estado, un movimiento que ahora se encuentra bajo la lupa de la justicia.

La actual administración, liderada por Ávila, ha emprendido acciones legales para rescindir este contrato, considerado lesivo para los intereses de Baja California. La cifra en disputa es impactante: 123 millones de pesos retenidos por Banco Afirme. Pero las implicaciones van mucho más allá. De haberse continuado con el proyecto fallido, el estado podría haber perdido la astronómica suma de 5 mil millones de pesos. Por otro lado, la terminación del contrato, de no haberse gestionado adecuadamente, hubiera representado una pérdida de 37 mil millones de pesos. Un escenario catastrófico que la Gobernadora Ávila ha logrado evitar con su decidida intervención.

"No se trata de un tema político, se trata del dinero de las y los bajacalifornianos", declaró Ávila con vehemencia, reforzando la idea de que su prioridad es proteger el patrimonio del estado. En este sentido, la detención de Medina se presenta como una medida necesaria para esclarecer los hechos y recuperar los recursos públicos.

Juan Pon, consejero jurídico del gobierno estatal, ha respaldado la postura de la Gobernadora. Asegura que la detención de Medina se apega estrictamente a un mandato judicial y se enmarca dentro del debido proceso. “Hemos actuado con total transparencia, legalidad y responsabilidad institucional”, afirmó Pon, descartando cualquier tipo de irregularidad en el proceso.

El consejero jurídico también reveló detalles sobre el largo historial legal que precede a la detención. Medina, según Pon, se mantuvo prófugo de la justicia durante más de dos años, promoviendo recursos de amparo e incluso solicitando asilo político en Estados Unidos. Su reiterada negativa a comparecer ante las autoridades finalmente condujo a la imposición de prisión preventiva.

La versión de que Medina carece de facultades para devolver los 123 millones de pesos ha sido cuestionada por Pon. El consejero jurídico presentó pruebas que demuestran que el directivo otorgó poderes para demandar al estado, con el objetivo de evadir la devolución del dinero y continuar afectando las participaciones federales. Este dato añade una nueva capa de complejidad al caso y reafirma la importancia de la investigación en curso.

El caso de Nabor Medina se convierte así en un paradigma de la lucha contra la corrupción y la defensa del erario público. La Gobernadora Ávila ha enviado un mensaje claro: en Baja California no se tolerará la impunidad y se perseguirá con todo el peso de la ley a quienes atenten contra el patrimonio del estado. La población bajacaliforniana permanece atenta al desarrollo de este caso, exigiendo justicia y transparencia en cada etapa del proceso.