La extorsión se ha enquistado en el tejido social mexicano, tejiendo una red de miedo y silencio que paraliza a millones. No hablamos de casos aislados, sino de una verdadera industria del terror, operada con una eficiencia escalofriante desde el interior de los propios centros penitenciarios. Imaginen la ironía: el Estado, encargado de la seguridad y la justicia, alberga en su seno la semilla del delito que azota a sus ciudadanos. 31.3 millones de delitos en 2023, una cifra que hiela la sangre, y de los cuales casi el 93% quedaron en la sombra, sin denuncia, tragados por el temor a represalias. ¿Cómo es posible que la extorsión, junto con el robo en la vía pública y el fraude, se corone entre los delitos más frecuentes, según el INEGI? La respuesta, dolorosa y vergonzosa, se encuentra tras los muros de las cárceles.

El 70% de las extorsiones telefónicas, esas llamadas que irrumpen en la cotidianidad sembrando la angustia, provienen de centros penitenciarios. Lugares donde el Estado, en teoría, ejerce un control absoluto. ¿Cómo se explica entonces el flujo incesante de teléfonos, chips, cuentas bancarias falsas que alimentan esta maquinaria delictiva? La ciudadanía, atrapada en esta espiral de violencia, exige respuestas, exige rendición de cuentas. ¿Quién está fallando? ¿Dónde está la grieta que permite esta impunidad rampante?

Ante este panorama desolador, la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, se presenta como un rayo de esperanza. Inteligencia para detenciones, unidades especializadas, atención a víctimas, capacitación del 089 y una campaña preventiva, son los ejes sobre los que se articula este plan, que se desplegará en ocho estados clave. Operativos en penales, bloqueo de líneas celulares y congelamiento de cuentas: medidas contundentes que buscan desmantelar la infraestructura criminal.

El gobierno reconoce la gravedad del problema: la extorsión, el único delito de alto impacto que ha experimentado un crecimiento del 28% entre 2019 y 2025. Pequeños comerciantes, el motor económico del país, se han convertido en el blanco predilecto de estas redes criminales. La Ley General contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta Sheinbaum, busca romper el silencio, permitiendo que los delitos se persigan de oficio, sin la necesidad de una denuncia que muchas veces no llega por miedo. Una transformación jurídica y operativa crucial para proteger a las víctimas.

Sin embargo, tanto la estrategia nacional como la reforma enviada al Congreso, a pesar de generar expectativas, se enfrentan a un obstáculo monumental: la recuperación del control de los penales. Si las cárceles siguen funcionando como oficinas del crimen, ningún plan, ninguna ley podrá ser verdaderamente efectiva. Las cifras son alarmantes, la desconfianza ciudadana es palpable, el miedo silencia a las víctimas. El “cobro de piso”, esa aberración que se ha normalizado, se ha convertido en un impuesto paralelo que asfixia a negocios de todo tipo.

El 089, la línea de denuncia anónima, tiene el potencial de ser una herramienta clave en esta lucha. En un país donde el 92.9% de los delitos no se denuncian, la posibilidad de reportar sin temor a represalias es fundamental. Pero de nada sirve si el Estado no limpia primero su propia casa. La recuperación de la autoridad dentro de los penales es la piedra angular sobre la que se debe construir cualquier estrategia de seguridad.

El reto para Omar García Harfuch no es meramente técnico, sino profundamente político y diplomático. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, exige resultados concretos en el combate al crimen organizado. México debe encontrar el equilibrio entre la cooperación internacional y la defensa de su soberanía.

La iniciativa de la Presidenta Sheinbaum, enviada al Congreso el 8 de julio de 2025, busca crear una Ley General contra la Extorsión que permita perseguir el delito de oficio. Un paso importante, pero que debe ir acompañado de una homologación de leyes y sanciones en los 32 estados del país.

México anhela la paz, no promesas vacías. La ciudadanía exige vivir sin miedo, trabajar sin pagar piso, caminar por las calles sin el temor constante a una llamada de extorsión. Queremos un país donde la ley tenga más peso que el miedo, donde la justicia se imponga a la violencia.