La tragedia vuelve a teñir de sangre los campos colombianos. Un soldado ha perdido la vida y otros dos luchan por la suya tras un atentado con explosivos en el noreste del país, específicamente en la convulsa región de Antioquia. La crueldad del acto se magnifica con la noticia de que el artefacto explosivo estaba adherido a un burro, un animal inocente utilizado como herramienta de muerte en un conflicto que parece no tener fin. Este macabro suceso, atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), resuena como un grito desgarrador en medio de los esfuerzos por alcanzar la paz.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con la voz entrecortada por la indignación y el dolor, confirmó la muerte del militar y describió la brutalidad del ataque, un acto cobarde dirigido a un pelotón que cumplía con su deber, patrullando las zonas rurales del municipio de Valdivia. Sus palabras no solo lamentan la pérdida irreparable, sino que también apuntan directamente a la polémica política de "Paz Total" del presidente Gustavo Petro. Rendón no escatimó en críticas, cuestionando la viabilidad de un diálogo con un grupo que continúa sembrando terror y muerte en el territorio colombiano.

La "Paz Total", una iniciativa que buscaba silenciar los fusiles y abrir caminos de reconciliación, se tambalea ante la cruda realidad de la violencia. Las conversaciones con el ELN, suspendidas desde enero tras la sangrienta incursión en Catatumbo, que dejó un saldo de más de 90 vidas segadas, se enfrentan ahora a un nuevo obstáculo, un recordatorio brutal de la fragilidad del proceso. La pregunta que resuena en el aire es si es posible dialogar con quienes parecen decididos a perpetuar el ciclo de violencia.

Las palabras del propio presidente Petro, quien ha calificado a estos grupos como "bandidos envalentonados que navegan en la impunidad", reflejan la frustración y la impotencia ante la persistencia de la violencia. En Antioquia, la cifra de policías y militares asesinados en lo que va del año asciende a 19, una estadística escalofriante que pone en evidencia la magnitud del desafío que enfrenta el Estado colombiano.

La firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, un hito histórico que prometía un nuevo amanecer para Colombia, parece un recuerdo lejano ante la compleja y sangrienta realidad que se vive en muchas regiones del país. La paz, anhelada y perseguida, se escapa entre los dedos como arena, mientras los grupos armados ilegales, lejos de deponer las armas, se disputan con ferocidad el control de las economías ilícitas, un negocio macabro que se alimenta de la sangre y el sufrimiento de un pueblo que clama por paz.

La sombra del narcotráfico y la minería ilegal se extiende como una mancha oscura sobre el territorio colombiano, alimentando la violencia y corrompiendo las instituciones. El camino hacia la paz se presenta empinado y lleno de obstáculos, pero la esperanza, aunque a veces tenue, se mantiene viva en el corazón de quienes sueñan con un futuro libre de violencia para Colombia. La pregunta que queda en el aire es ¿cuántas vidas más se cobrará este conflicto antes de que se alcance la anhelada paz?