El oficialismo mexicano se encuentra en una encrucijada. Tras un arranque de sexenio marcado por la consolidación de su poder, con la extinción de organismos autónomos y la aprobación de leyes clave, se avecina un nuevo desafío: la reforma electoral. A pesar del dominio abrumador de Morena en el panorama político, las grietas comienzan a aparecer. Las recientes victorias de la oposición en Veracruz y Durango, sumadas a un creciente descontento social por la falta de resultados y el deterioro de servicios públicos, encienden las alarmas en Palacio Nacional.

El contexto fiscal adverso, con presiones presupuestales cada vez mayores, dificulta el mantenimiento del aparato clientelar que ha sido pieza clave en la estrategia política del oficialismo. La crisis de violencia, los escándalos de corrupción y la ineficacia en la gestión de la salud pública, agravan el panorama y alimentan la desconfianza ciudadana. Ante esta realidad, el régimen busca blindarse contra un posible castigo electoral. La reforma electoral se presenta entonces como un mecanismo para capturar al árbitro y debilitar a la oposición, preservando las formas democráticas pero limitando la posibilidad real de alternancia en el poder.

Las medidas anticipadas por la presidencia, como la reducción del presupuesto del INE y del financiamiento a los partidos, apuntan a asfixiar a la oposición, mientras Morena se beneficia del respaldo económico del gobierno. La alteración del diseño de la representación proporcional, en un contexto de concentración de poder, pavimentaría el camino hacia un unipartidismo de facto, con oposiciones meramente testimoniales.

La posible sustitución del INE por un nuevo organismo, con consejeros elegidos popularmente, se vislumbra como una simulación, destinada a imponer perfiles afines al oficialismo, tal como se observó recientemente con la elección de magistrados en el Poder Judicial.

La reforma, lejos de abordar problemas reales como la intervención del crimen organizado en los comicios, se presenta como una excusa para ahorrar recursos, un argumento que se desmorona al analizar el ínfimo porcentaje del presupuesto destinado al INE, comparado con los verdaderos elefantes blancos que desangran las arcas públicas.

En realidad, se trata de un rediseño de las reglas del poder dentro de la nueva hegemonía, un reparto en el que las máscaras caerán. Figuras como Alejandro Moreno, podrían beneficiarse de un PRI disminuido pero bajo su control, funcional al régimen como una “oposición” legitimadora, sin la presión de rendir cuentas por resultados de gobierno. El PAN, aunque con mayor seriedad, podría verse obligado a adoptar una postura similar en aras de la supervivencia.

La incógnita recae en la posición que asumirán el PT y el PVEM, cuya supervivencia depende de las plurinominales, y en la decisión de Movimiento Ciudadano, que deberá definir con mayor claridad su papel como “tercera vía”. ¿Y las autoridades electorales? ¿Defenderán su autonomía o se someterán al poder en turno?

La ciudadanía, en última fila, observará la consumación de esta nueva hegemonía, un retroceso que nos devuelve a un pasado de partido casi único y elecciones controladas por el gobierno. Una pluralidad social real, pero sin una representación institucional equivalente. El 1 de septiembre comienza este último gran golpe. A partir de entonces, habrá mucho que reflexionar sobre el futuro de la democracia mexicana.