La sombra de la violencia política en razón de género se cierne nuevamente sobre la figura del diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo. Tras un largo y contencioso proceso judicial de dos años, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado la sentencia que lo declara responsable de este tipo de violencia contra la ex diputada Juanita Guerra Mena, durante su gestión como gobernador de Morelos. Este veredicto, alcanzado con una votación dividida, pone de manifiesto la complejidad y las profundas implicaciones de este tipo de casos en la arena política mexicana.

La decisión del TEPJF no ha sido unánime. Mientras la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora votaron a favor de confirmar la culpabilidad de Blanco, los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña manifestaron su disidencia, argumentando la inexistencia de violencia política en razón de género en este caso particular. Esta división en el máximo tribunal electoral del país refleja la dificultad para definir y delimitar los contornos de esta problemática, así como la necesidad de un debate más profundo y preciso sobre sus implicaciones.

La sanción impuesta a Cuauhtémoc Blanco y otros funcionarios de su anterior administración consiste en su inscripción en el registro nacional de personas sancionadas por un periodo de un año y seis meses. A pesar de los esfuerzos del exfutbolista por evadir esta consecuencia, presentando una queja ante la Sala Superior, los magistrados consideraron que no presentó pruebas suficientes para refutar las acusaciones de Juanita Guerra Mena. Este hecho subraya la importancia de contar con evidencias sólidas y contundentes para sustentar las denuncias de violencia política en razón de género y garantizar la justicia para las víctimas.

El origen de este caso se remonta a junio de 2023, cuando Guerra Mena, en su calidad de diputada federal, presentó una denuncia ante el INE por violencia política en razón de género contra Cuauhtémoc Blanco y otros funcionarios de su gobierno, incluyendo a Edgar Riou Pérez, secretario privado, y Arturo César Millán Torres, director general de Logística y Eventos. La denuncia se centraba en la exclusión de Guerra Mena del palco principal durante el desfile conmemorativo del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica "Rompimiento del sitio de Cuautla, Morelos", a pesar de haber sido invitada al evento.

La ex diputada también denunció que se le impidió participar en las reuniones de organización del desfile cívico y se le negó la posibilidad de instalar un templete para 200 personas. Estos actos, según su alegato, constituían una clara manifestación de violencia política en razón de género, destinada a limitar su participación política y menoscabar su imagen pública. La confirmación de la sentencia por parte del TEPJF representa un paso importante en el reconocimiento y la sanción de este tipo de prácticas discriminatorias en el ámbito político. Sin embargo, la división en la votación deja entrever la necesidad de continuar trabajando en la construcción de un marco legal más sólido y preciso que permita abordar con mayor eficacia la violencia política en razón de género y garantizar la plena participación de las mujeres en la vida política del país. El caso de Cuauhtémoc Blanco, sin duda, sentará un precedente importante para futuros litigios y contribuirá al debate nacional sobre la erradicación de la violencia política contra las mujeres.