La sombra de la desprotección se cierne sobre miles de niños, niñas y adolescentes en México. Imaginen, más de 33,000 pequeños, separados de sus familias, alojados en espacios que deberían ser refugios, pero que en muchos casos se asemejan más a almacenes de vidas olvidadas. Nueve de cada diez de estos centros son privados, operando en la opacidad, sin la supervisión adecuada, sin personal capacitado y, a menudo, sin las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de quienes albergan. La precariedad se convierte en la norma, y la infancia, en un territorio vulnerable a la negligencia y al abuso.

El caso del albergue “Mamá Rosa” aún resuena como un eco de horror. Cientos de niños y niñas hacinados, víctimas de un sistema que falló en su obligación de protegerlos. A pesar de la reforma legal que surgió a raíz de esta tragedia, la situación no ha mejorado significativamente. La falta de un padrón confiable, la fragmentación de la supervisión y la insuficiencia de recursos públicos perpetúan un ciclo de desamparo. ¿Cómo podemos hablar de protección integral cuando desconocemos siquiera el número exacto de niños que viven en estos centros, su situación legal o las condiciones en las que se encuentran?

La desinstitucionalización, un objetivo que parecía al alcance, se ha convertido en un espejismo. En lugar de avanzar hacia la reintegración familiar y comunitaria, estamos presenciando un retroceso hacia modelos institucionales obsoletos, "bodegas humanas" donde se confina a los niños en situación de calle, a menudo de origen indígena, sin atender las causas estructurales de su vulnerabilidad. Se les aparta de la vista pública, pero no se les ofrece una solución real, una oportunidad para construir un futuro digno.

El reciente caso del Hogar Betel, en Texcoco, nos recuerda la fragilidad de los mecanismos de control y la urgencia de fortalecer la supervisión de estos centros. La responsabilidad compartida entre el DIF estatal, el municipal y las autoridades locales en materia de protección civil parece diluirse en un laberinto burocrático, dejando espacios para la impunidad. La obtención de permisos municipales para la apertura de estos espacios no garantiza la protección efectiva de los niños que allí residen. Se requiere un seguimiento constante, riguroso y transparente para prevenir situaciones de abuso y negligencia.

No podemos permitir que la infancia siga siendo una moneda de cambio en un sistema que prioriza la apariencia sobre la sustancia. Es necesario un cambio radical en las políticas públicas de cuidado infantil. Se deben destinar recursos suficientes para garantizar condiciones dignas en los centros de asistencia social, fortalecer los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, y promover la participación activa de la sociedad civil en la defensa de los derechos de los niños y niñas. La protección de la infancia no puede ser una tarea delegada a la iniciativa privada; es una responsabilidad ineludible del Estado. Cada niño, cada niña, merece crecer en un entorno seguro, donde sus derechos sean respetados y su futuro, protegido. El tiempo de la indiferencia ha terminado. Es hora de actuar.