La promesa de protección a madres buscadoras y familiares de desaparecidos resuena con fuerza en un contexto marcado por la dolorosa realidad de la violencia. La declaración de la presidenta Sheinbaum Pardo, asegurando la disposición del gobierno a brindar apoyo y resguardo, abre una ventana de esperanza para quienes han vivido la angustia y la incertidumbre de la ausencia. Sin embargo, las palabras deben traducirse en acciones concretas y palpables. La comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación es un primer paso, pero se requiere ir más allá, estableciendo mecanismos eficientes y protocolos de protección que garanticen la seguridad de quienes se dedican a la búsqueda de sus seres queridos. Amnistía Internacional ha documentado la violencia sistemática que enfrentan estos colectivos, un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad a la que están expuestos. La cifra de 30 familiares de desaparecidos asesinados desde 2011 es una llamada urgente a la acción, una exigencia de justicia y un clamor por la paz. La protección no puede ser una promesa vacía, debe ser una realidad tangible que les permita continuar su labor sin temor a represalias.

El diálogo con los colectivos es fundamental, escuchar sus demandas, comprender sus necesidades y trabajar conjuntamente en la construcción de soluciones. No se trata solo de ofrecer protección, sino de abordar las causas estructurales que perpetúan la desaparición de personas y la impunidad. Es necesario fortalecer las instituciones de procuración de justicia, implementar mecanismos de búsqueda efectivos y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas. La colaboración entre el gobierno y la sociedad civil es esencial en este proceso, creando sinergias que permitan avanzar hacia un país donde la desaparición forzada sea erradicada y la justicia prevalezca.

Por otro lado, la transición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vislumbra como un proceso terso e institucional. La declaración de la presidenta Sheinbaum Pardo, celebrando el inicio de las conversaciones entre el ministro Aguilar y la ministra Piña, transmite un mensaje de estabilidad y confianza en el sistema judicial. La importancia de una transición fluida radica en la preservación de la independencia del poder judicial, un pilar fundamental de la democracia. La tranquilidad que se proyecta desde el máximo tribunal es un bálsamo en un contexto político a veces turbulento. El compromiso con una transición tersa, expresado por el próximo presidente de la Corte, reafirma la importancia de la institucionalidad y el respeto al estado de derecho.

El inicio de funciones del nuevo poder judicial el próximo 1 de septiembre marca un hito en la vida democrática del país. La expectativa es que esta nueva etapa se caracterice por la imparcialidad, la transparencia y la eficiencia en la administración de justicia. La ciudadanía espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un garante de los derechos fundamentales y un baluarte contra la impunidad. La transición tersa que se anticipa sienta las bases para un futuro prometedor, donde la justicia sea accesible para todos y la ley se aplique con equidad. El camino hacia un México más justo y equitativo requiere de instituciones sólidas e independientes, capaces de defender los derechos de todos los ciudadanos y garantizar el pleno estado de derecho.