La sombra de la extorsión se cierne sobre México, afectando no solo la tranquilidad de sus ciudadanos, sino también el pulso vital de su economía. Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de la Coparmex, ha alzado la voz para pintar un panorama preocupante: uno de cada dos socios de la confederación ha sido víctima de este delito, un dato que estremece y evidencia la magnitud del problema. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una constante que amenaza con ahogar el espíritu emprendedor y la inversión en el país.

Sierra Álvarez no se limita a denunciar la situación, sino que propone soluciones concretas. Desde la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex, se exige una reforma al artículo 73 constitucional que dé paso a una Ley General contra la Extorsión. Esta ley, anhelada y urgente, permitiría articular acciones a nivel federal y estatal, homologando el delito y creando un frente común contra este flagelo. La dispersión legislativa actual solo beneficia a los criminales, mientras que una ley unificada dotaría de mayor fuerza y eficacia a las autoridades.

La propuesta de la Coparmex no se queda en la teoría. Se aboga por una estrategia integral que combine inteligencia, protocolos eficaces y una legislación específica. La persecución de oficio de la extorsión, junto con penas contundentes y un seguimiento minucioso, son piezas clave para desmantelar las redes criminales que operan impunemente. Pero, como bien señala Sierra Álvarez, la voluntad política es el motor indispensable para que esta maquinaria funcione. Sin un compromiso real por parte de las autoridades, las mejores estrategias se quedarán en papel mojado.

El impacto de la extorsión trasciende el ámbito económico. Se infiltra en el tejido social, generando miedo, desconfianza y desesperanza. Familias enteras viven bajo la amenaza constante, obligadas a pagar por su seguridad y tranquilidad. Este clima de inseguridad se convierte en un obstáculo insalvable para el desarrollo, minando las bases de la convivencia pacífica y la prosperidad.

La caída del ánimo para la inversión, del 12.8% en el último cuatrimestre, es un síntoma claro de la enfermedad que aqueja al país. Los socios de la Coparmex lo tienen claro: la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de certeza jurídica son los principales frenos para el crecimiento. La extorsión, como parte integral de este cóctel tóxico, contribuye a la parálisis económica y al deterioro del clima de negocios.

Es imperativo que el gobierno escuche el clamor de los empresarios y la sociedad civil. La lucha contra la extorsión no puede postergarse más. Se necesitan acciones contundentes, no promesas vacías. La seguridad, la justicia y la estabilidad son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. México merece un futuro libre de la opresión del crimen, un futuro donde la inversión florezca y las familias puedan vivir en paz. La propuesta de la Coparmex es un llamado a la acción, una oportunidad para construir un México más seguro y próspero. ¿Estarán las autoridades a la altura del desafío?