La indignación se palpa en el aire de Tuxtla Gutiérrez. Frente a la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc, un grupo de padres y madres de familia, al menos 28, alzaron la voz este miércoles para denunciar un presunto caso de maltrato infantil que ha conmocionado a la comunidad. La acusada es una docente, identificada como María del Carmen, a quien señalan de infligir daño físico, psicológico y discriminación a sus alumnos.

El testimonio de los padres dibuja un escenario preocupante. Hablan de agresiones verbales, humillaciones y amenazas que se ciernen sobre los niños dentro del aula. La figura de la maestra, en lugar de ser un faro de conocimiento y apoyo, se ha convertido en una fuente de temor e inseguridad. Imaginen la angustia de estos pequeños, enfrentando día a día un ambiente hostil en el lugar donde deberían sentirse protegidos y estimulados.

Teresa Vásquez, originaria de San Juan Cancuc, relata con voz quebrada cómo su hijo, que aún no domina el español, ha sido objeto de burlas y discriminación por parte de la docente. La barrera del idioma, en lugar de ser una oportunidad para el aprendizaje y la integración, se ha convertido en un arma para herir la autoestima de un niño vulnerable. ¿Qué futuro le espera a este pequeño si desde temprana edad se le niega el derecho a una educación inclusiva y respetuosa?

La denuncia de Teresa no es un caso aislado. Otros padres se han sumado al clamor de justicia, exigiendo una investigación exhaustiva por parte de las autoridades educativas y la Comisión de Derechos Humanos. La queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas, hasta el momento, no ha tenido respuesta. Este silencio institucional agrava la incertidumbre y la desesperación de las familias, que se sienten abandonadas en su lucha por proteger a sus hijos.

La gravedad de las acusaciones contrasta con la aparente inacción de las autoridades. Mientras los niños siguen expuestos a un ambiente potencialmente dañino, la maquinaria burocrática parece avanzar a paso de tortuga. ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar estos pequeños para que se les garantice un entorno escolar seguro y libre de violencia?

El Artículo 324 del Código Penal del Estado de Chiapas es claro: la discriminación, en cualquiera de sus formas, es un delito. De comprobarse la culpabilidad de la docente, podría enfrentar una pena de tres a seis años de prisión y una multa que oscila entre los cinco mil 657 y los 22 mil 628 pesos. Más allá de las sanciones económicas y penales, la verdadera justicia reside en la reparación del daño causado a estos niños y en la implementación de medidas que prevengan futuros casos de maltrato.

La movilización de los padres de familia es un llamado a la conciencia colectiva. Es un recordatorio de que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de estos pequeños. Es hora de que las autoridades actúen con la celeridad y la firmeza que el caso amerita, para que la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc deje de ser un escenario de miedo y se convierta en un espacio de aprendizaje y crecimiento para todos sus alumnos. La mirada de estos niños, llena de esperanza y vulnerabilidad, nos interpela a construir un futuro donde la educación sea sinónimo de respeto, inclusión y justicia.