La lucha por garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias en México ha dado un paso crucial en la Ciudad de México. Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica de la capital, ha revelado datos alarmantes, pero también esperanzadores, sobre esta problemática que afecta a miles de familias. Solo tres entidades federativas en todo el país ofrecen la posibilidad a las madres autónomas de acceder a información clara y precisa sobre el estado legal y formal de sus pensiones. Esta transparencia es fundamental para empoderar a las mujeres y brindarles las herramientas necesarias para exigir el cumplimiento de este derecho fundamental.

Cruzvillegas Fuentes, en una entrevista concedida al programa "Reporte H con Blanca Becerril" de El Heraldo Televisión, recordó la trascendental reforma a la Ley General para los Niños, Niñas y Adolescentes de hace una década. Esta reforma sentó las bases para la creación de un padrón de deudores alimentarios, una herramienta esencial para asegurar la responsabilidad de quienes incumplen con esta obligación. Y aunque la imagen popular del deudor alimentario suele ser masculina, la consejera jurídica subrayó que la realidad es más compleja. Existen también mujeres deudoras, lo que demuestra que no se trata de una cuestión de género, sino de una responsabilidad social ineludible.

Este padrón público, accesible a la ciudadanía, no solo exhibe a los deudores, sino que también funciona como un mecanismo de presión para el cumplimiento de tres dimensiones cruciales del derecho a la alimentación. En primer lugar, asegura el sustento básico de los niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, promueve la corresponsabilidad parental, recordando a ambos progenitores su deber de contribuir al bienestar de sus hijos. Y en tercer lugar, fortalece el tejido social, al promover la justicia y la equidad en las relaciones familiares.

Un aspecto sorprendente que reveló la consejera jurídica es el perfil socioeconómico de los deudores. Contrario a lo que se podría pensar, muchos de ellos pertenecen a la clase media y alta. Paradójicamente, se observa una mayor tasa de cumplimiento entre las personas de menores recursos, lo que demuestra que la capacidad económica no siempre se correlaciona con la responsabilidad. Esto plantea interrogantes sobre los valores y la ética de quienes, a pesar de tener los medios, evaden su obligación de proporcionar a sus hijos una vida digna.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un compromiso crucial: empoderar a las madres autónomas a través del acceso a la justicia. La Consejería Jurídica, liderada por Cruzvillegas Fuentes, ofrece asesoría legal gratuita a quienes no pueden costear los servicios de un abogado. Este apoyo integral incluye el litigio en los tribunales, lo que representa una herramienta fundamental para las madres que buscan hacer valer sus derechos. Esta política pública, junto con otros programas de atención, busca no solo garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, sino también brindar a las mujeres las herramientas para construir un futuro más seguro e independiente para ellas y sus hijos. Es un paso significativo en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde la responsabilidad parental sea un valor fundamental.