En un México marcado por la sombra del crimen organizado, donde la sofisticación logística, económica y territorial de los grupos delictivos desafía la estabilidad del Estado, la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública se erige como un faro de esperanza. No se trata simplemente de una ley más, sino de un conjunto de reformas que, como piezas de un complejo engranaje, modifican también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este entramado legal, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y avalado por el Congreso de la Unión a mediados de 2025, no solo salda una deuda histórica en materia de inteligencia, sino que catapulta a México a la vanguardia regional en la prevención y persecución del delito.

Lejos de las distorsiones sensacionalistas que la han etiquetado como "Ley Espía", esta legislación establece un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, un cerebro estratégico que centraliza y coordina la información proveniente de diversas fuentes, tanto públicas como privadas. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la recién creada Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son los encargados de operar este sistema, generando productos de inteligencia criminal que fortalecen las investigaciones del Ministerio Público, con especial énfasis en delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el narcotráfico.

Imaginemos una red intrincada de información donde bases de datos biométricas, fiscales, telefónicas y de geolocalización convergen, bajo estricto control judicial y en plena conformidad con las leyes de transparencia y protección de datos personales. Esta interoperabilidad, antes un sueño lejano, ahora dota al Estado de herramientas poderosas para anticiparse a las amenazas, desmantelando las redes criminales antes de que puedan ejecutar sus actos delictivos.

Durante décadas, México ha arrastrado una debilidad estructural en materia de inteligencia civil. La ausencia de un marco normativo sólido y la fragmentación de la información entre instituciones han sido los grilletes que han limitado la capacidad preventiva del Estado. La inteligencia, relegada a un segundo plano, incluso estigmatizada, se ha visto empañada por escándalos como el del software Pegasus, que pusieron en evidencia la urgente necesidad de regular y transparentar estas actividades. Las nuevas leyes, conscientes de este pasado, corrigen estas deficiencias estableciendo un sistema coordinado, con mecanismos de supervisión técnica y auditorías permanentes que garantizan que el acceso a los datos se realice siempre con autorización judicial y en irrestricto respeto a los derechos humanos.

La creación de una Plataforma Central de Inteligencia, un núcleo central que integra información de diversas fuentes para permitir análisis predictivos y estrategias operativas más efectivas, es uno de los avances más significativos. La Guardia Nacional, ahora bajo el control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional pero con una formación policial civil, asume un papel crucial en las labores de investigación. Además, las entidades federativas y los municipios tienen la obligación de profesionalizar sus cuerpos policiales y rendir cuentas de sus resultados periódicamente. La coordinación interinstitucional se fortalece, el uso de recursos federales se optimiza y se establecen sanciones para las autoridades locales que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad.

Las voces críticas, provenientes de algunos sectores de la oposición, que acusan a estas reformas de allanar el camino hacia un “Estado espía”, ignoran que la obtención de datos personales está estrictamente regulada por la legislación vigente y sujeta a control judicial previo. Lejos de institucionalizar la vigilancia masiva, estas disposiciones buscan combatir la impunidad dotando al Ministerio Público de elementos probatorios sólidos para judicializar los casos. En un país donde la desigualdad social y la exclusión son el caldo de cultivo de la violencia, este marco legal apuesta por un modelo preventivo, alineado con la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, que reconoce las causas estructurales del delito y articula políticas sociales dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la semilla de un futuro mejor.

México da un paso firme hacia un Estado protector, que utiliza la inteligencia y la tecnología como escudos contra el crimen organizado, sin recurrir a la fuerza indiscriminada. Estas reformas no solo saldan viejas cuentas pendientes, sino que colocan al país a la vanguardia en la construcción de un modelo de seguridad pública moderno, transparente y eficaz, un modelo que aspira a garantizar la paz y la justicia para todos.