La escalada de violencia en México, que inicialmente se manifestó como una guerra contra el narcotráfico, ha permeado de manera alarmante la vida cotidiana, extendiéndose a ámbitos como la familia, la escuela e incluso la comunidad. El trágico caso de Jesús Antonio, acusado de asesinar a su pareja y a sus tres hijas, es un ejemplo desgarrador de esta brutal realidad. Como un virus, la violencia se propaga, infectando las relaciones interpersonales y normalizando la crueldad, según advierte Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes por la Infancia.

La investigación realizada por Intersecta, una organización feminista, revela un dato escalofriante: el uso de armas en feminicidios se ha triplicado en la última década. Este incremento no es un hecho aislado, sino un síntoma de la penetración de la violencia armada en todos los estratos sociales. La impunidad y la fácil accesibilidad a las armas, factores que inicialmente contribuyeron a la violencia del crimen organizado, ahora alimentan conflictos en las escuelas, disputas comunitarias e incluso desacuerdos administrativos.

La normalización de la violencia es quizás el aspecto más preocupante de este fenómeno. Lo que antes se consideraba excepcional, ahora se percibe como cotidiano. Pérez García introduce el concepto de "pedagogía de la crueldad", una idea que describe cómo las víctimas, inmersas en un ambiente de violencia constante, llegan a aceptarla como parte inevitable de su realidad. Muchas mujeres, sometidas a la violencia doméstica, la justifican, influenciadas por creencias arraigadas o por la presión de su entorno social.

Es crucial romper este ciclo. Debemos rechazar la normalización de la violencia e insistir en su carácter prevenible. La educación juega un papel fundamental en este proceso. Desde la infancia, es necesario inculcar valores de respeto y enseñar a los niños y niñas a identificar y denunciar cualquier forma de violencia, sin importar quién sea el agresor. El informe de Naciones Unidas de 2006, que reveló la alta incidencia de violencia contra menores en entornos supuestamente seguros como la familia y la escuela, subraya la urgencia de transformar nuestras pautas de crianza y crear espacios de protección real para la infancia.

El silencio y el miedo a las represalias son los principales obstáculos para erradicar la violencia. Debemos garantizar que las víctimas se sientan seguras al denunciar, brindándoles apoyo y protección. Solo así podremos romper el ciclo de la violencia y construir una sociedad más justa y pacífica. El caso de Jesús Antonio, aunque desgarrador, debe servir como un llamado a la acción. No podemos permitir que la violencia siga expandiéndose, robando vidas y destruyendo familias. Es hora de actuar, de tejer redes de apoyo y de construir una cultura de paz, donde la vida, la dignidad y la seguridad de todos, especialmente de los más vulnerables, sean una prioridad ineludible.

La tarea pendiente es enorme, pero no podemos claudicar. La esperanza reside en la acción colectiva, en la unión de esfuerzos para construir un futuro donde la violencia sea una excepción y no la regla.