La sombra de la corrupción se cierne sobre el municipio de Ahome. Nueve figuras, otrora responsables de la administración pública y la seguridad, ahora se enfrentan a la justicia. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, tras una exhaustiva investigación, ha logrado la vinculación a proceso de estos exfuncionarios por presuntas irregularidades en la renta de 135 patrullas. Un contrato que, desde su origen, parece estar manchado por la opacidad y el posible desvío de recursos.

El meollo del asunto reside en la adjudicación directa del contrato, sin la transparencia que brinda una licitación pública. Un procedimiento que, según la Fiscalía, no solo violó la ley, sino que abrió la puerta a un sobreprecio millonario. Imaginen: 171.4 millones de pesos, una cifra que luego se ajustó a 161.1 millones, pero que aún así esconde un presunto sobrecosto de 42.4 millones. ¿Dónde quedó ese dinero? Es la pregunta que resuena en la mente de los ciudadanos ahomenses.

La madeja de irregularidades se complica aún más con la revelación de un subarrendamiento por parte de la empresa contratada. Una práctica que, según la investigación, infló artificialmente el costo de las patrullas y contribuyó al desfalco del erario público. Es decir, no solo se eludió la competencia mediante la adjudicación directa, sino que también se introdujo un intermediario que, presuntamente, se benefició de la situación.

La lista de imputados es un reflejo de la gravedad del caso: exsecretarios, extesorero, exdirectores y exregidores, todos ellos miembros del Comité de Adquisiciones, el órgano encargado de velar por la correcta gestión de los recursos públicos. ¿Cómo es posible que quienes debían custodiar el dinero de los ciudadanos terminaran, presuntamente, participando en un esquema que lo perjudicó?

La justicia, con la vinculación a proceso, ha dado un primer paso. Se han impuesto medidas cautelares, como la presentación periódica y la prohibición de salir del país para algunos de los involucrados. Sin embargo, la batalla legal apenas comienza. Los próximos seis meses, plazo otorgado para la investigación complementaria, serán cruciales para desentrañar todos los detalles de este complejo entramado.

La ciudadanía de Ahome, atenta a cada detalle del proceso, exige justicia y transparencia. El caso de las patrullas se convierte en un símbolo de la lucha contra la corrupción, un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana. El futuro de Ahome, y la confianza en sus instituciones, dependen de que la verdad salga a la luz y los responsables sean castigados con todo el peso de la ley. Mientras tanto, la incertidumbre y la indignación se mantienen latentes.