La sombra de la corrupción judicial vuelve a cernirse sobre Nayarit. El caso del ex juez Mario “C” nos recuerda la fragilidad de la justicia y cómo la manipulación del sistema puede dejar a miles de familias en la calle. Casi cuatro años de prisión, inhabilitación, multa… ¿es suficiente castigo para quien traicionó la confianza depositada en él y contribuyó al despojo masivo de viviendas? La sentencia, obtenida por la FGR, sienta un precedente, pero deja un sabor agridulce.

Recordemos que este exfuncionario, dado de baja en 2019, forma parte de una red que operó entre 2013 y 2018, orquestando juicios hipotecarios simulados. Su modus operandi, según la investigación, consistía en presentar informes falsos a jueces federales, negando los reclamos de los afectados e incluso identificando erróneamente a los demandados. Imaginen la desesperación de esas familias, viendo cómo les arrebataban sus hogares con artimañas legales, sin tener siquiera la oportunidad de defenderse.

El caso del juicio 297/2014 es paradigmático. Miles de notificaciones enviadas a una sola dirección, una burla al debido proceso, una estrategia calculada para silenciar las voces de los derechohabientes del Infonavit. Más de 62 mil personas, la mayoría fuera de Nayarit, perdieron sus propiedades en este esquema fraudulento. Familias de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León… víctimas de una trama que se extendió por varios estados, dejando un rastro de injusticia y desolación.

La sentencia contra Mario "C" es un paso importante, pero ¿qué hay de los demás responsables? ¿Qué hay de quienes se beneficiaron de este despojo? La justicia no puede ser selectiva. Es necesario llegar hasta las últimas consecuencias, desentrañar toda la red de corrupción y asegurar que todos los implicados rindan cuentas ante la ley.

La figura de Pedro Enríquez, ex presidente del Poder Judicial estatal, también emerge en este oscuro panorama. Condenado a cinco años de prisión y una reparación del daño de cuatro millones de pesos, su caso nos muestra cómo la corrupción puede alcanzar las más altas esferas del poder judicial. Si bien la pena impuesta a Mario “C” puede parecer leve, y la posibilidad de que no ingrese a prisión de forma inmediata genera inquietud, debemos confiar en que la justicia seguirá su curso, investigando y sancionando a todos los responsables.

Este caso no es solo un asunto legal, es una tragedia humana. Es el reflejo de un sistema que a veces falla, que puede ser manipulado para beneficiar a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Es un llamado a la reflexión, a la exigencia de una justicia transparente y eficaz, que proteja los derechos de los ciudadanos y castigue a quienes los vulneran. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos, y la memoria de las 62 mil familias afectadas debe ser un impulso para construir un sistema judicial más justo y equitativo.