El reordenamiento del tablero político mexicano se avecina. La nueva reforma electoral, capitaneada por Rosa Icela Rodríguez y su equipo, no es un simple retoque, sino una reingeniería del sistema bajo la mirada atenta de Claudia Sheinbaum. La instrucción presidencial es inequívoca: la reforma debe estar lista para su discusión y aprobación en el próximo periodo de sesiones, con la mira puesta en las elecciones intermedias de 2027. La premura revela la intención de aprovechar la coyuntura política favorable, un "ahora o nunca" que resuena en los pasillos del poder. El oficialismo habla de transparencia y austeridad, pero en los susurros de la política se percibe una estrategia para contener las fuerzas internas de Morena, un partido que ha albergado perfiles cuestionables, desde ex priistas reciclados hasta figuras salpicadas por el escándalo. Sheinbaum, consciente de esta realidad, busca blindarse con una reforma que endurezca los requisitos para las candidaturas, limite la reelección –convirtiendo el escaño en una silla vitalicia para algunos– y limpie la imagen de un Congreso saturado de improvisados.

La oposición, por su parte, ha levantado la voz. Ven en esta reforma un intento más de control, una jugada para consolidar el dominio que ya se extiende al Congreso, a buena parte de los gobiernos estatales y al Poder Judicial. La posibilidad de que los órganos electorales también caigan bajo la sombra presidencial enciende las alarmas. Los puntos álgidos de la propuesta –reducción del financiamiento a partidos, eliminación de los pluris, limitación de la reelección y la elección de consejeros electorales por voto popular– son vistos como una amenaza a la democracia. La elección popular de consejeros, en particular, evoca el debate que ya se generó con la designación de jueces y magistrados, dejando un manto de incertidumbre sobre la imparcialidad de estos procesos.

Sheinbaum, heredera del movimiento obradorista, busca dejar su propia impronta. La reforma electoral se convierte así en un instrumento de control institucional, pero también en una declaración de independencia, una forma de diferenciarse –aunque sea sutilmente– del legado que la llevó al poder. Continuar la transformación es una cosa; sobrevivir políticamente a ella, otra muy distinta.

A un año del silbatazo inicial, la Copa Mundial de Fútbol 2026 genera una mezcla de entusiasmo y tensión en México. Si bien la fiesta del deporte promete paralizar al mundo, en los círculos del poder se respira un aire de preocupación. La sede compartida con Estados Unidos y Canadá no se traduce en una sociedad equitativa. El fantasma de la administración Peña Nieto se cierne sobre el evento, recordando los términos desfavorables que se aceptaron en su momento. México enfrenta obligaciones más estrictas en logística, infraestructura y seguridad, con sanciones desproporcionadas en caso de incumplimiento. Mientras nuestros vecinos del norte exhiben su músculo financiero y organizativo, México se esfuerza por alcanzarlos, con menos partidos, menos presupuesto y una presión desmedida. La derrama económica será importante, sí, pero también lo será el desgaste institucional. A doce meses del inicio, México no solo prepara estadios y rutas de transporte, sino también justificaciones para explicar por qué, una vez más, jugamos en desventaja, incluso en casa.

Y como diría aquel filósofo del que no recuerdo el nombre: “Esta reforma va tan limpia, que hasta quiere barrer con los sucios de Morena”.

Por Alfredo González Castro

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