La extorsión, un delito que se extiende como una sombra amenazante sobre la sociedad, ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años. Las cifras, frías y contundentes, revelan un incremento del 52.3% en las carpetas de investigación entre 2018 y 2024, con un aumento aún más preocupante del 57.5% en el número de víctimas, tanto de extorsión telefónica como presencial. Ante esta realidad innegable, el gobierno federal finalmente ha decidido implementar una Estrategia Nacional para combatir este flagelo que afecta a tantos.

Sin embargo, la eficacia de esta estrategia se ve comprometida desde su origen, ya que se basa en un diagnóstico incompleto. Si bien reconoce la concentración del 66% de las extorsiones en tan solo 8 entidades federativas, entre octubre de 2024 y mayo de 2025, omite datos cruciales. No menciona, por ejemplo, el aumento del 5.7% en carpetas de investigación y del 5.1% en víctimas entre enero y mayo de 2024 y el mismo periodo de 2025. Tampoco considera el incremento del 27.7% durante el primer semestre de 2025, comparado con el mismo periodo de 2019. Esta omisión de datos relevantes plantea serias dudas sobre la solidez de la estrategia.

La verdadera magnitud del problema radica en la cifra negra, ese universo de casos que nunca se denuncian. Según la ENVIPE 2024 y el propio SNSP, las denuncias representan apenas el 0.2% del total de extorsiones cometidas. En 2023, se estima que hubo 4.9 millones de extorsiones, de las cuales solo una ínfima parte llegó a conocimiento de las autoridades. La desconfianza en las instituciones, el temor a represalias y la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo alimentan esta cifra negra, convirtiéndola en un obstáculo formidable para la lucha contra la extorsión.

La impunidad, consecuencia directa de la baja tasa de denuncias y de la ineficacia en la resolución de los casos, alcanza niveles escandalosos. De las pocas extorsiones que se denuncian, solo el 20% resulta en una detención. Y de ese pequeño porcentaje de detenidos, apenas el 20% recibe una sentencia. En otras palabras, la impunidad reina en más del 99.9% de los casos.

Para revertir esta situación, no basta con discursos triunfalistas y narrativas que ignoran la realidad. Se necesitan resultados concretos, un trato humano y empático hacia las víctimas y sus familias, y una estrecha colaboración con el sector empresarial y la sociedad civil.

Un dato alarmante que no podemos ignorar es el aumento del 71.4% en las extorsiones presenciales, también conocidas como "cobro de piso", entre 2018 y 2023. Este incremento, sumado al aumento del 85% en las extorsiones pagadas durante el mismo periodo, evidencia la creciente audacia de los criminales y la vulnerabilidad de la población.

La iniciativa de ley que propone convertir la extorsión en un delito concurrente, perseguido de oficio, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que las leyes por sí solas no son suficientes. Se requiere una verdadera voluntad política para implementarlas y una estrategia integral que aborde el problema desde sus raíces.

La creación de Unidades Antiextorsión locales, la implementación de protocolos de atención a víctimas y la reactivación del teléfono de denuncia anónima 089 son medidas necesarias, pero no suficientes. La clave para combatir la extorsión reside en la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en su disposición a denunciar. Sin la participación activa de la sociedad, cualquier esfuerzo será en vano.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión se presenta como una réplica de la Estrategia de Combate al Secuestro, implementada en 2008. La incorporación de personal con experiencia en aquella estrategia genera cierta esperanza, pero es crucial recordar que los resultados no se obtienen de la noche a la mañana. Se requiere un trabajo constante, perseverante y, sobre todo, eficaz. De lo contrario, la Estrategia se quedará en meras palabras, en verbos en gerundio que nunca se conjugan en acciones concretas.