La creciente ola de gentrificación en la Ciudad de México ha desatado un acalorado debate, poniendo en evidencia las profundas divisiones en el panorama político. Mientras la reciente manifestación contra este fenómeno resonó con fuerza en las calles, las reacciones de los diferentes partidos políticos no se hicieron esperar, revelando perspectivas divergentes sobre las causas y las posibles soluciones. En el programa "Noticias de la Mañana con Mario Maldonado" de El Heraldo Televisión, representantes del PRI, Morena y PAN se enfrentaron en una mesa de debate, donde cada uno defendió su postura con vehemencia.

Ana González, diputada federal del PRI, criticó duramente la respuesta del gobierno de la Ciudad de México, calificándola de doble discurso. Para González, las palabras de la jefa de gobierno, Clara Brugada, carecieron de sustento, ya que no se traducen en políticas públicas concretas que protejan a la ciudadanía del desplazamiento. La diputada priista condenó enérgicamente la violencia desatada durante la manifestación, pero al mismo tiempo enfatizó la creciente polarización social derivada de la disparidad salarial entre mexicanos y extranjeros. La legisladora urgió a la implementación de políticas que frenen el desplazamiento de los mexicanos, tanto en el ámbito laboral como en el acceso a la vivienda, argumentando que la inversión extranjera debe complementarse con la protección de los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, Arturo Ávila, legislador de Morena, rechazó la visión simplista del PRI y el PAN, argumentando que la gentrificación es un fenómeno complejo que requiere un enfoque integral. Ávila señaló factores externos al gobierno, como la especulación inmobiliaria y el auge de las plataformas digitales, pero también reconoció la responsabilidad de las políticas públicas, incluyendo la actuación de las alcaldías gobernadas por la oposición. El diputado morenista hizo un llamado a la oposición a dejar de lado la politización del tema y a colaborar en la búsqueda de soluciones. Destacó las acciones anunciadas por el gobierno federal y la Ciudad de México para regular el mercado inmobiliario y proteger a los residentes de los desplazamientos, enfatizando la importancia de controlar los precios de los comercios y evitar abusos. Asimismo, Ávila apuntó a la corrupción en las alcaldías opositoras como un factor que contribuye a la gentrificación, señalando la permisividad en la concesión de licencias de construcción y cambios de uso de suelo.

Desde la perspectiva del PAN, Federico Döring rechazó cualquier forma de discriminación y presentó datos que evidencian un incremento significativo en las rentas en colonias afectadas por la gentrificación durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, vinculando este aumento con un convenio firmado con Airbnb. Döring criticó la falta de control de las alcaldías sobre las manifestaciones de obra y la supervisión de la construcción, proponiendo una mayor regulación del crecimiento urbano, inspirándose en modelos exitosos implementados en ciudades como París, Nueva York y São Paulo. El diputado panista abogó por una mayor densidad habitacional y la garantía de vivienda para los residentes afectados por la gentrificación, recordando los intentos del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en la reconstrucción tras el sismo de 2017. Döring insistió en la necesidad de reglas claras y estables para el desarrollo urbano, independientemente del partido que gobierne la ciudad, y responsabilizó al gobierno local, con su mayoría en el Congreso, por la falta de legislación efectiva para combatir la gentrificación. Para Döring, la responsabilidad no recae en los extranjeros, sino en la falta de acción del gobierno para regular el fenómeno.

El debate continúa abierto, con posturas encontradas y la urgencia de encontrar soluciones que protejan a los residentes de la Ciudad de México sin frenar el desarrollo y la inversión. La gentrificación, un fenómeno complejo con múltiples aristas, requiere un diálogo constructivo y la voluntad política de todos los actores involucrados para encontrar un equilibrio entre el progreso urbano y el bienestar de la ciudadanía.