La creciente preocupación por la seguridad ha llevado a la implementación de medidas que, si bien buscan proteger a la ciudadanía, también plantean serias interrogantes sobre la privacidad y la libertad individual. Recientemente, se han aprobado una serie de reformas legales que otorgan amplias facultades a las autoridades para acceder a información personal, incluyendo datos de geolocalización, biométricos y registros de diversas índoles, sin la necesidad de una orden judicial previa. Este hecho ha generado un intenso debate público y ha despertado la alarma de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La justificación principal para estas medidas es la necesidad de combatir la delincuencia y el crimen organizado de manera más efectiva. Se argumenta que el acceso a información en tiempo real permitirá a las autoridades rastrear a los criminales, prevenir delitos y llevar a cabo investigaciones de forma más eficiente. Sin embargo, críticos de estas reformas advierten sobre el riesgo de un Estado de vigilancia masiva, donde la privacidad de los ciudadanos queda vulnerada y se abre la puerta a posibles abusos de poder.

Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación del requisito de la orden judicial para acceder a la geolocalización de las personas. Expertos legales señalan que esto contraviene principios constitucionales y sentencias previas de la Suprema Corte de Justicia, que han establecido la necesidad de una autorización judicial para este tipo de medidas intrusivas. Argumentan que la geolocalización en tiempo real permite rastrear los movimientos de una persona, conocer sus hábitos y relaciones, lo cual representa una grave intromisión en su vida privada.

Otro aspecto preocupante es la creación de bases de datos masivas con información biométrica, como huellas dactilares y fotografías, que pueden ser compartidas entre diferentes instituciones gubernamentales. Si bien se argumenta que esto facilitará la identificación de personas y la prestación de servicios, existe el riesgo de que esta información sea utilizada para fines distintos a los previstos, como la discriminación o la persecución política. La falta de claridad sobre los criterios de acceso y las medidas de seguridad para proteger estos datos genera aún más inquietud.

La reforma a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública también ha sido objeto de críticas. Esta ley otorga amplias facultades a la Secretaría de Seguridad para solicitar datos personales a entidades públicas y privadas, sin necesidad de orden judicial ni siquiera de una investigación penal en curso. Se teme que esta disposición pueda ser utilizada para fines de espionaje político o para intimidar a la oposición.

Ante este panorama, diversas organizaciones civiles y partidos políticos han anunciado que presentarán acciones de inconstitucionalidad para impugnar estas reformas. Argumentan que se trata de medidas desproporcionadas que vulneran derechos fundamentales y que no existen garantías suficientes para evitar abusos. Exigen que se restablezca el requisito de la orden judicial para acceder a la geolocalización y a otros datos sensibles, y que se establezcan mecanismos de control y transparencia para asegurar el respeto a la privacidad de los ciudadanos. El debate sobre la seguridad versus la libertad individual está abierto y promete ser uno de los temas centrales en la agenda política del país. La sociedad civil debe estar vigilante para garantizar que las medidas que se implementen para combatir la inseguridad no comprometan los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.