La reaparición del gusano barrenador del ganado, una plaga que se creía erradicada hace más de tres décadas, ha desatado una profunda crisis en el sector ganadero mexicano, poniendo en jaque la economía de miles de familias rurales y exponiendo la fragilidad de las políticas sanitarias implementadas en los últimos años. La situación, lejos de ser un incidente aislado, revela una preocupante tendencia a subestimar la importancia de la sanidad agropecuaria en la asignación de recursos presupuestales. No podemos permitir que la seguridad alimentaria de nuestro país y el sustento de quienes trabajan la tierra queden a merced de recortes presupuestales y decisiones políticas cortoplacistas.

El cierre temporal de los puertos fronterizos con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones ganaderas mexicanas, ha agravado la situación, generando pérdidas millonarias y sumiendo a los productores en la incertidumbre. Si bien la reapertura gradual de algunos puertos, como el de Douglas, Arizona, representa un alivio, es crucial entender que se trata de una solución a medias. La problemática de fondo, la falta de inversión en prevención y control de plagas, sigue latente y amenaza con detonar nuevas crisis en el futuro. Necesitamos soluciones integrales, no parches temporales.

La problemática se extiende más allá de la frontera norte. Estados del sur-sureste, como Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca y Veracruz, tradicionalmente dedicados a la ganadería, también se han visto afectados por la plaga, poniendo de manifiesto la necesidad de una estrategia nacional coordinada que aborde la problemática de raíz. No se trata solo de controlar la plaga en el norte para reabrir las exportaciones, sino de proteger el patrimonio ganadero de todo el país y garantizar la seguridad alimentaria de todos los mexicanos.

La denuncia de la diputada Leticia Barrera Maldonado, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, pone el dedo en la llaga al señalar la insuficiencia presupuestal como uno de los principales factores que contribuyeron a la reaparición de esta plaga. Es imperativo que el gobierno federal reevalúe sus prioridades y destine los recursos necesarios para fortalecer los programas de sanidad animal, implementar medidas de prevención efectivas y brindar apoyo a los ganaderos afectados.

La defensa del campo mexicano no puede ser una simple consigna política. Requiere acciones concretas, inversión inteligente y un compromiso real con quienes día a día trabajan la tierra para llevar alimento a nuestras mesas. La crisis del gusano barrenador debe servir como una llamada de atención para impulsar una profunda reforma del sector agropecuario, que priorice la sanidad animal, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las familias rurales. No podemos permitir que la historia se repita. Es tiempo de actuar con responsabilidad y visión de futuro para construir un campo mexicano fuerte, resiliente y capaz de alimentar a las generaciones venideras. La seguridad alimentaria de nuestro país no puede ser negociable.