La incertidumbre se respira en el aire, se palpa en cada conversación, desde el taxista que te lleva al aeropuerto hasta la señora que vende flores en la esquina. Un malestar generalizado, una sensación de fragilidad que nos acompaña como una sombra. El caso del conductor de Uber, retornado con la ilusión de construir un futuro en su tierra, ilustra a la perfección esta realidad. Años de esfuerzo en el extranjero, ahorros invertidos con esperanza, desvanecidos por la pandemia y la voracidad de una burocracia corrupta. Su restaurante, un sueño hecho añicos, lo obliga a volver al volante, con la mirada puesta nuevamente en el horizonte, buscando una salida, una escapatoria a esta asfixiante falta de oportunidades.

Y no es un caso aislado. El eco de su historia resuena en las calles de la Roma y la Condesa, barrios que he recorrido desde mi infancia, testigos silenciosos de la transformación de nuestra sociedad. La gentrificación, un fenómeno complejo, se convierte en pretexto para la violencia, manipulada por intereses políticos que se alimentan del descontento. El grito xenófobo contra los “gringos” es una dolorosa distorsión de la historia de estos barrios, donde siempre hubo espacio para la convivencia, para el intercambio, para la construcción de una identidad colectiva. Recuerdo a mis abuelos, trabajando en estas calles, compartiendo el día a día con el frutero, el peluquero, el abarrotero, en una armonía que hoy parece un recuerdo lejano.

La frustración se extiende a las nuevas generaciones. Jóvenes con buena preparación, con empleos que en otro contexto les permitirían un futuro estable, se ven incapaces de acceder a una vivienda digna. Los precios inflados, las tasas de interés abusivas, les cierran las puertas a un proyecto de vida. Y la mirada se vuelve, una vez más, hacia el exterior. Canadá, Europa, incluso Estados Unidos, a pesar del creciente racismo y la hostilidad, se convierten en destinos anhelados, en la promesa de una vida que aquí les es negada.

Familias jóvenes, con hijos pequeños, se suman al éxodo. Buscan la tranquilidad, la seguridad que aquí no encuentran. La posibilidad de que sus hijos puedan salir a la calle sin miedo, de disfrutar de una adolescencia libre de la amenaza constante de la violencia, se convierte en la principal motivación. Un triste reflejo de la realidad que vivimos.

Las extorsiones, los hackeos, las amenazas constantes, se han convertido en el pan nuestro de cada día. Una realidad virtual que se entrelaza con la vida cotidiana, generando una sensación de vulnerabilidad permanente. Desde el pequeño comerciante hasta el empresario, nadie está a salvo. Y en el campo, la situación es aún más dramática. Productores, ganaderos, obligados a ceder ante la presión del crimen organizado, víctimas silenciosas de una guerra que no declararon. Proveedores que se niegan a entregar mercancías en zonas controladas por la delincuencia, testimonio de un Estado ausente, incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

En este contexto de desconfianza generalizada, la implementación del CURP biométrico se percibe con recelo, con sospecha. La desconfianza en las instituciones, el temor fundado de que nuestros datos personales caigan en las manos equivocadas, alimenta el rechazo. La promesa de una burocracia más eficiente se desvanece ante el espectro de un Estado incapaz de protegernos, un Estado donde la línea que separa a las instituciones del crimen organizado se vuelve cada vez más difusa. La incertidumbre nos rodea, nos aprisiona, y la esperanza, como una pequeña llama, lucha por sobrevivir en la oscuridad.