La economía mexicana se tambalea, y no es una exageración. Heredamos una situación compleja, con un crecimiento anémico del 0.85% anual durante el sexenio anterior, una cifra que se escudó tras la pandemia, pero que, al compararnos con otros países, se revela como una justificación insuficiente. Mientras otras naciones, también afectadas por la crisis sanitaria, lograron recuperarse e incluso crecer significativamente entre 2019 y 2024, México se estancó.

Hoy, la realidad es aún más preocupante. La creación de empleos es prácticamente nula. Los datos del IMSS son contundentes: apenas 6,222 empleos formales netos creados entre junio de 2024 y junio de 2025. Una cifra irrisoria frente a la necesidad de generar al menos 100,000 nuevos puestos de trabajo cada mes. Y si nos fijamos en las variaciones mensuales, la tendencia es aún más desalentadora: pérdidas de 46,000 empleos solo en junio y casi 140,000 en el trimestre anterior. En resumen, una creación de empleos formales un 70% menor a la del año pasado.

Intentar culpar a factores externos, como los aranceles impuestos por Estados Unidos, es un error similar al de escudarse en la pandemia. La contracción económica en México es previa a la llegada de la nueva administración estadounidense. La falta de inversión, el estancamiento del crecimiento y el endeudamiento creciente del gobierno son factores internos que lastran nuestra economía.

La deuda externa ha crecido un alarmante 17.4% en el último año, lo que representa un aumento de 2.3 billones de pesos, ¡6,300 millones de pesos diarios! ¿Dónde está ese dinero? No se refleja en inversión pública, ni en mejoras en salud o en ningún otro rubro. Mientras tanto, los proyectos insignia del gobierno, como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, el AIFA, la CFE y Pemex, acumulan pérdidas millonarias diarias que, al año, superan el billón de pesos. Un FOBAPROA anual, financiado por todos nosotros. Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, ha visto caer su producción un 9% y sus exportaciones un 43% en los últimos dos años y medio. Un panorama desolador.

A este cóctel explosivo se suma la incertidumbre jurídica, agravada por reformas como la judicial y la Ley del Infonavit, así como la inseguridad rampante que ahuyenta la inversión. No es de extrañar que el indicador de confianza del consumidor se haya desplomado a su peor nivel desde 2022. Menos confianza, menos inversión, menos empleo, menos crecimiento, más pobreza. Un círculo vicioso que nos arrastra hacia el abismo.

La inversión fija bruta acumula ocho meses consecutivos de caídas, una señal alarmante de desinversión en infraestructura y activos. Las previsiones del Banco Mundial son pesimistas, colocando a México en el último lugar de crecimiento en la región, por debajo de países como El Salvador, Ecuador o Bolivia. Se proyecta un crecimiento del 0.2% para 2025 y un escaso 1.1% para 2026.

La combinación de un crecimiento económico raquítico, el decrecimiento de la población económicamente activa y la migración de mexicanos en edad productiva nos coloca en una situación de recesión. Más bocas que alimentar con los mismos recursos. Aunque los salarios muestran un crecimiento positivo, la disminución en el número de empleadores y empleados registrados en el IMSS revela el preocupante aumento de la informalidad y el impacto negativo de las políticas sobre el salario mínimo.

En definitiva, la economía mexicana se encuentra en una encrucijada. La falta de inversión, el endeudamiento descontrolado, las pérdidas millonarias en proyectos gubernamentales y la incertidumbre jurídica configuran un escenario de crisis que exige soluciones urgentes y responsables. El futuro económico del país depende de las decisiones que se tomen hoy.