La sombra de la extorsión se extiende sobre México, un fantasma que acecha a empresarios, comerciantes y ciudadanos por igual. Las cifras, frías y contundentes, revelan una realidad preocupante: un aumento del 60% en los últimos años, según datos del gobierno. No son simples números, son familias que viven con el temor constante, negocios que se ven obligados a cerrar sus puertas y una economía que se desangra lentamente. El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, de investigar de oficio este delito, es un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Un reconocimiento, por fin, de la gravedad del problema y la necesidad de actuar con contundencia.

El Partido Acción Nacional (PAN), a través del diputado Héctor Saúl Téllez, ha sido una voz constante en la denuncia de este flagelo. Su iniciativa de reforma al Artículo 73 Constitucional, presentada en 2024, busca dotar al Estado de las herramientas necesarias para combatir la extorsión con eficacia. No se trata de una simple propuesta, sino de una respuesta a la demanda ciudadana de seguridad y justicia. Una demanda que, hasta ahora, parecía caer en oídos sordos.

La extorsión no es un delito aislado, es un síntoma de un mal mayor: la presencia del crimen organizado en vastas regiones del país. Zacatecas, Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas… la lista de estados afectados se alarga, como una herida que se niega a cicatrizar. Cada uno de estos nombres representa miles de historias de miedo, de impotencia, de vidas truncadas por la avaricia y la violencia.

Las cifras del INEGI, como un espejo implacable, reflejan la cruda realidad: asaltos, robos, fraudes… una cadena de delitos que asfixian a la sociedad mexicana. Más de 50 mil millones de pesos en pérdidas, un número que no hace justicia al verdadero costo humano de la inseguridad. Detrás de cada peso perdido hay un sueño roto, una familia que lucha por sobrevivir, un futuro incierto.

La ENVIPE y la ENVE, encuestas realizadas por el propio INEGI, confirman lo que ya se palpa en las calles: la extorsión se ha convertido en un delito de alto impacto, con millones de víctimas. No son simples estadísticas, son personas de carne y hueso, con nombres, rostros e historias que merecen ser escuchadas.

La decisión del gobierno de investigar de oficio la extorsión es un primer paso, pero no es suficiente. Se necesita una estrategia integral que involucre a todos los actores: autoridades, sociedad civil, sector privado. Se necesita una reforma legislativa que fortalezca las instituciones y garantice la aplicación de la ley. Se necesita, sobre todo, un compromiso real y efectivo para erradicar este cáncer que corroe el tejido social de México. El PAN, con su iniciativa de reforma constitucional, ha demostrado su voluntad de ser parte de la solución. Ahora es el momento de que todos los actores políticos se sumen a este esfuerzo, por el bien del país y de su gente. La lucha contra la extorsión es una lucha por la libertad, por la justicia, por un futuro en el que todos los mexicanos puedan vivir sin miedo.