La lucha contra el crimen organizado en México ha dado un giro significativo. Desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al poder, el Gabinete de Seguridad, bajo la dirección de Omar García Harfuch, ha intensificado la colaboración entre las distintas entidades federativas, cosechando resultados contundentes en la desarticulación de laboratorios clandestinos y áreas de concentración de grupos delictivos. Un dato que resuena con fuerza: más de 1,160 laboratorios inhabilitados en 21 estados de la República. Una cifra sin precedentes que pone de manifiesto el compromiso férreo de este gobierno con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Este logro no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia coordinada entre el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República, que operan con precisión quirúrgica para desmantelar las redes criminales que buscan sembrar la violencia y el caos en nuestro país. Imagine la magnitud de esta operación: 1,160 espacios dedicados a la producción de drogas, convertidos en ruinas inoperantes. Un golpe certero a las finanzas del crimen organizado, que ve mermados sus recursos y su capacidad de operar con impunidad.

Más allá de los números, estas acciones tienen un impacto real en la vida de los mexicanos. Al detener la producción y distribución de drogas, se protege a las comunidades, especialmente a los jóvenes, de las garras de la adicción. Se evita que las armas ilegales lleguen a las calles y alimenten la espiral de violencia. Se construye un futuro más seguro y esperanzador para todos.

La afectación económica para los grupos delictivos es monumental, hablamos de cientos de millones de pesos perdidos, una sangría que debilita sus estructuras y limita su capacidad de expansión. Este debilitamiento se traduce en una menor capacidad para corromper, para intimidar, para sembrar el terror. Es una victoria para la justicia, una victoria para la paz.

El trabajo no termina aquí. La lucha contra el crimen organizado es una batalla constante que requiere perseverancia, inteligencia y la colaboración de todos. El gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo ha demostrado su compromiso inquebrantable con esta causa, y los resultados están a la vista. La seguridad no es un privilegio, es un derecho, y este gobierno trabaja incansablemente para garantizarlo. El camino aún es largo, pero con la unidad y la determinación que hemos demostrado, estamos construyendo un México más seguro, un México en paz.

El secretario García Harfuch, al frente de la SSPC, ha reiterado la importancia de la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana en esta lucha. La denuncia anónima, la información oportuna, son armas poderosas que complementan el trabajo de las fuerzas del orden. Juntos, sociedad y gobierno, podemos construir un frente común contra la delincuencia, un frente que no dé tregua a la impunidad y que nos permita avanzar hacia un futuro de paz y tranquilidad. La seguridad es una tarea de todos, y la responsabilidad compartida es la clave para alcanzar el éxito.