En un vibrante discurso que resonó con la fuerza de la convicción, el Gobernador Salomón Jara Cruz celebró la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión como un triunfo rotundo para el pueblo mexicano. No se trató simplemente de un cambio legislativo, sino de un acto de justicia histórica que rompe con décadas de control corporativo sobre el espectro radioeléctrico, un recurso invaluable que ahora, por fin, estará al servicio de todos, especialmente de aquellos que por mucho tiempo han sido marginados. Imagine un México donde la voz de cada comunidad, por pequeña que sea, pueda ser escuchada; donde las lenguas indígenas, portadoras de una riqueza cultural milenaria, se transmitan con orgullo a través de las ondas de radio; donde el acceso a la información no sea un privilegio, sino un derecho garantizado. Esa es la promesa de esta nueva ley, una promesa forjada en el crisol del parlamento abierto, con la participación de expertos, concesionarios y, lo más importante, la sociedad civil.

Es lamentable, señaló el Gobernador Jara Cruz, que algunos sectores de la oposición hayan optado por la desinformación, propagando falsedades sobre supuestas intenciones de espionaje y censura. Estas acusaciones, vacías de fundamento, contrastan dramáticamente con el silencio cómplice que estos mismos grupos mantuvieron ante los verdaderos actos de espionaje perpetrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con el sistema Pegasus. ¿Dónde estaban entonces sus voces de indignación? ¿Dónde estaba su preocupación por la privacidad de periodistas, activistas y opositores? La hipocresía de su postura queda al descubierto: se rasgan las vestiduras ante una ley que empodera al pueblo, pero callaron ante un gobierno que utilizó la tecnología para silenciar a la disidencia.

La nueva Ley de Telecomunicaciones, lejos de representar una amenaza, es un escudo protector para los derechos de las audiencias. Elimina las ambigüedades que permitían abusos y establece mecanismos claros para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Además, impulsa la modernización del sector, fomentando la competencia, la inversión y la cobertura nacional, para que la conectividad llegue a cada rincón del país. La medida del registro de chips, siempre bajo supervisión judicial, es una herramienta crucial para combatir la delincuencia y proteger a los usuarios.

En Oaxaca, tierra de profundas raíces comunitarias, esta ley cobra una especial relevancia. Aquí, donde la comunicación es el tejido que une a las comunidades, la posibilidad de que los pueblos indígenas y afromexicanos operen sus propias estaciones de radio, con contenidos en sus lenguas originarias y con financiamiento público y privado, representa un paso gigantesco hacia la igualdad digital. Es un acto de reconocimiento a la diversidad cultural que enriquece a nuestro país. El Gobernador Jara Cruz reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que todas las voces, sin excepción, sean escuchadas, sin censura y sin miedo, construyendo un Oaxaca y un México más justo, conectado y democrático. Este es un nuevo amanecer para las telecomunicaciones, un amanecer de esperanza para un futuro donde la comunicación sea un puente hacia el progreso y la inclusión.