La extorsión, una lacra que se resiste a desaparecer. A pesar de los esfuerzos realizados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, este delito continúa azotando a la ciudadanía, convirtiéndose en una sombra que acecha en las calles y negocios. El Senador de Morena, Luis Fernando Salazar, ha alzado la voz ante esta preocupante realidad, proponiendo una solución contundente: perseguir la extorsión de oficio y crear una "Ley General contra la extorsión" que unifique los esfuerzos de todos los gobiernos estatales.

Esta propuesta no surge de la nada, sino de la dolorosa constatación de que la extorsión se nutre del silencio de las víctimas. El miedo a las represalias, la desconfianza en las instituciones y la sensación de impotencia paralizan a quienes la sufren, perpetuando un ciclo de impunidad que beneficia a los criminales. Salazar argumenta que, al perseguir el delito de oficio, el Estado se convierte en el principal impulsor de la justicia, liberando a las víctimas de la carga de la denuncia y enviando un mensaje claro: la extorsión no quedará impune.

"Yo creo que será una buena medida darle la facultad al estado de que si sabe que alguien está extorsionando, iniciar de inmediato de oficio una investigación", declaró Salazar, enfatizando la importancia de una acción proactiva por parte de las autoridades. No se trata solo de reaccionar ante las denuncias, sino de anticiparse, de investigar, de desarticular las redes de extorsión antes de que puedan causar más daño.

La propuesta del Senador Salazar no se limita a la persecución de oficio. Reconoce la necesidad de brindar garantías a los ciudadanos, de construir un entorno de confianza que les permita denunciar sin temor. "Le tenemos que dar garantías a los ciudadanos para que puedan denunciar de manera anónima," afirmó, destacando la importancia de herramientas como la línea 089, donde las víctimas pueden reportar extorsiones de forma confidencial, protegiendo su identidad y su integridad.

La línea 089 no es simplemente un número de teléfono, es una puerta abierta a la justicia, una vía para romper el silencio y contribuir a la construcción de una sociedad más segura. A través de ella, los ciudadanos pueden proporcionar información valiosa que permita a las autoridades identificar a los extorsionadores y desmantelar sus operaciones.

Esta iniciativa integral se complementa con una reforma constitucional y una reforma legal que darán sustento a la "Ley General contra la Extorsión". Esta ley busca homogeneizar los criterios de actuación en todo el país, facilitando la cooperación entre los diferentes estados y creando un frente común contra este delito.

Además, se contempla la creación de células de inteligencia e investigación especializadas en la lucha contra la extorsión. Estos equipos, conformados por profesionales altamente capacitados, se encargarán de analizar patrones, identificar a los responsables y desarticular las redes de extorsión que operan en diferentes zonas del país.

La lucha contra la extorsión es una tarea compleja que requiere un enfoque multidisciplinario. La propuesta del Senador Salazar, con su énfasis en la persecución de oficio, la protección de las víctimas y la creación de una ley general, representa un paso importante en la dirección correcta. Es una apuesta por la justicia, por la seguridad y por la construcción de un México donde la extorsión deje de ser una amenaza constante para la ciudadanía. Se espera que esta iniciativa sea ampliamente debatida y que, con la participación de todos los actores involucrados, se logre construir un marco legal sólido y efectivo que permita erradicar este flagelo de nuestra sociedad.