La lucha por la paridad de género en la política latinoamericana no se limita a una simple cuestión de números, sino que representa un desafío profundo a las estructuras de poder y una apuesta decidida por una democracia más justa e inclusiva. Las palabras de la magistrada Soto Fregoso resuenan con fuerza, recordándonos que la paridad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta esencial para democratizar el poder y alcanzar la anhelada igualdad sustantiva. No basta con alcanzar la representación numérica; es imprescindible desmantelar las barreras invisibles que impiden a las mujeres acceder a los espacios de decisión y ejercer plenamente sus derechos políticos.

El llamado a incentivar la participación de las jóvenes en la política es crucial. Son ellas las que heredarán los retos y las oportunidades del futuro, y su voz debe ser escuchada con atención. Es necesario reencantar a las nuevas generaciones con los ideales democráticos, demostrándoles que la política puede ser un instrumento de transformación social y un espacio donde sus ideas y perspectivas son valoradas. La apatía política, especialmente entre los jóvenes, es un síntoma preocupante que debemos combatir con propuestas innovadoras y un compromiso genuino con sus demandas.

Las leyes de paridad y las cuotas juveniles son avances significativos, sin duda, pero no son suficientes. La realidad política y social, lamentablemente, sigue mostrando resistencias. Persisten prejuicios arraigados y prácticas discriminatorias que dificultan el acceso de las mujeres a los cargos de representación. Se necesita un cambio cultural profundo, una transformación que involucre a toda la sociedad y que se sustente en una educación cívica sólida y permanente. De nada sirve tener leyes progresistas si la mentalidad de la sociedad no evoluciona en la misma dirección.

La magistrada Soto Fregoso acierta al señalar la importancia de las decisiones jurisdiccionales, pero también la necesidad de que estas se acompañen de una transformación cultural. Las leyes, por sí solas, no pueden cambiar la realidad. Es indispensable trabajar a nivel social, promoviendo la igualdad de género desde la educación, los medios de comunicación y todos los ámbitos de la vida pública y privada.

La construcción de una democracia interseccional e inclusiva es un imperativo. Debemos reconocer que las mujeres enfrentan múltiples formas de discriminación, ya sea por su origen étnico, su orientación sexual, su condición socioeconómica o cualquier otra característica que las distinga. Para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos, es fundamental abordar estas interseccionalidades y crear mecanismos que les permitan superar las barreras específicas que enfrentan.

Finalmente, la cuestión del cuidado emerge como un elemento central en el debate sobre la igualdad de género. Mientras las mujeres sigan soportando la mayor parte de la carga del trabajo doméstico y del cuidado de niños, ancianos y personas dependientes, será muy difícil que alcancen una participación plena en la esfera pública. Es necesario un nuevo pacto social que redistribuya las responsabilidades del cuidado y que reconozca el valor del trabajo no remunerado. Solo así podremos construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y participación. El camino hacia la igualdad sustantiva es largo y complejo, pero el testimonio de la Magistrada Soto Fregoso nos recuerda que es un camino que vale la pena recorrer.