La sombra de Pegasus vuelve a planear sobre México, esta vez oscureciendo el legado del expresidente Enrique Peña Nieto. La noticia de una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha sacudido el panorama político y reavivado el debate sobre la vigilancia ilegal durante el sexenio anterior. La presunta adquisición del software espía israelí, con sus implicaciones de intromisión en la privacidad de ciudadanos y opositores políticos, es una acusación grave que exige una investigación exhaustiva y transparente.

La declaración de Gertz Manero, realizada en la conferencia matutina, revela la complejidad del caso. La solicitud de información al gobierno de Israel es un paso crucial, pero la experiencia previa con casos como el de Ayotzinapa, donde la colaboración internacional se ha visto entorpecida, genera incertidumbre sobre la celeridad y la eficacia de la respuesta israelí. La mención a "versiones periodísticas" y la necesidad de "incorporar la información a una carpeta" subrayan la importancia de obtener pruebas sólidas y verificables para sustentar la investigación.

El fiscal general también ha hecho referencia a denuncias previas contra el expresidente Peña Nieto, que no prosperaron por falta de pruebas. Este antecedente pone de manifiesto la necesidad de un proceso riguroso y documentado, que evite la especulación y garantice la justicia. La promesa de transparencia en la comunicación de la solicitud a Israel y la posterior respuesta es un compromiso que la Fiscalía debe cumplir para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La respuesta de Peña Nieto a través de su cuenta de "X", calificando la información como "falsa" y "carente de sustento", añade otra capa de complejidad al caso. Su cuestionamiento sobre los intereses detrás de la publicación insinúa la posibilidad de una campaña de desprestigio, lo cual, de ser cierto, debería ser investigado con la misma diligencia que las acusaciones de corrupción.

El caso Pegasus no es solo un asunto legal, es una cuestión de Estado que afecta la credibilidad del sistema democrático mexicano. La vigilancia ilegal, de ser probada, representa una grave violación a los derechos humanos y un atentado contra la libertad de expresión. La sociedad exige respuestas claras y contundentes, y la Fiscalía tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación imparcial y apegada a la ley, sin importar las presiones políticas o mediáticas. El futuro de la democracia en México depende, en gran medida, de la capacidad de sus instituciones para esclarecer la verdad y garantizar la justicia. El caso Pegasus es una prueba de fuego para el Estado de Derecho. ¿Estará a la altura del desafío? El tiempo y la investigación lo dirán. Mientras tanto, la incertidumbre y la especulación continuarán alimentando el debate público.