La declaración inminente de Ovidio Guzmán López ante las autoridades judiciales estadounidenses ha generado una palpable atmósfera de tensión y temor en los más altos niveles del gobierno mexicano. La reacción de Claudia Sheinbaum, al exigir que Estados Unidos "pruebe" cualquier acusación contra funcionarios mexicanos, resulta, cuando menos, irónica. Esta postura, más que buscar la verdad y la justicia, parece un intento desesperado por blindarse ante posibles revelaciones incómodas. Se percibe un claro temor a las consecuencias de las declaraciones de "El Ratón", y la exigencia de pruebas a Estados Unidos se asemeja más a una estrategia de defensa que a una genuina búsqueda de justicia.

¿Acaso el gobierno mexicano no tiene la responsabilidad de investigar a fondo cualquier señalamiento de vínculos con el narcotráfico, independientemente de su origen? La postura de Sheinbaum parece sugerir que solo actuarán si Estados Unidos les presenta un caso perfectamente armado, lavandose las manos de cualquier responsabilidad proactiva en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esta actitud no solo es preocupante, sino que alimenta la sospecha de que existen intereses ocultos que se buscan proteger a toda costa.

La declaración de culpabilidad de Guzmán López en Chicago no es un hecho aislado. Es una pieza más en un complejo rompecabezas que involucra al Cártel de Sinaloa y sus posibles conexiones con figuras del poder en México. El hecho de que la fiscalía de Nueva York haya retirado cargos contra Guzmán López tras su acuerdo de culpabilidad abre interrogantes. ¿Qué información ofreció a cambio? ¿A quiénes implica? ¿Qué tipo de acuerdos se negociaron tras bambalinas?

La tensión en Palacio Nacional es un síntoma evidente de la gravedad de la situación. Las próximas horas, e incluso los próximos días, serán cruciales. La información que pueda emerger de las cortes estadounidenses tiene el potencial de desatar una tormenta política en México. No se trata solo del futuro de Ovidio Guzmán López, sino del futuro de muchos otros, cuyos nombres podrían ser mencionados en las declaraciones y cuyas carreras políticas podrían verse seriamente comprometidas. El hermetismo y la nerviosidad en el gobierno son indicativos de la magnitud de lo que está en juego.

La sociedad mexicana merece transparencia y justicia. No basta con exigir pruebas a Estados Unidos. Es imperativo que las autoridades mexicanas realicen investigaciones exhaustivas y actúen con contundencia contra cualquier funcionario que resulte implicado en actos de corrupción o colusión con el crimen organizado. El futuro del país depende de la capacidad del gobierno para enfrentar este desafío con firmeza y determinación, sin escudarse en tecnicismos legales ni en retóricas vacías. El tiempo de la verdad ha llegado.