La promesa de un sistema de salud "como el de Dinamarca" se desvanece cada día más en un horizonte de incertidumbre. Lo que comenzó como una transformación radical del Seguro Popular, con la creación del Insabi, se ha convertido en una sucesión de fracasos que ponen en riesgo la salud de millones de mexicanos. La desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos, que brindaba un respaldo vital para el tratamiento de enfermedades graves, dejó a innumerables familias a la deriva, enfrentando costos imposibles de solventar.

El derroche de los recursos acumulados durante 16 años por el Seguro Popular es una herida profunda en las finanzas públicas y, sobre todo, en la confianza de los ciudadanos. El Insabi, lejos de construir un sistema sólido y eficiente, se diluyó en la ineficacia, dejando tras de sí un vacío que el IMSS Bienestar no ha podido llenar. Este nuevo modelo, centralizado y con recursos insuficientes, ha debilitado la capacidad de los hospitales estatales, creando un cuello de botella en la atención médica.

Las cifras del Coneval son alarmantes: un 39% de la población sin acceso efectivo a servicios de salud, una realidad que contrasta brutalmente con el discurso oficial. Incluso aquellos que están afiliados a instituciones públicas se enfrentan a la precariedad y a la falta de atención adecuada. La centralización de la compra de medicamentos, lejos de optimizar el proceso, ha provocado una crisis de desabasto que se agrava día a día. La fallida intervención de la UNOPS, con la llegada de medicamentos caducos o inadecuados, es un ejemplo claro de la improvisación y la falta de planificación.

La "megafarmacia", ese almacén que debería ser un símbolo de abastecimiento, se ha convertido en un monumento a la ineficiencia, con anaqueles vacíos y recursos desperdiciados. Miles de millones de pesos tirados a la basura mientras millones de mexicanos no pueden acceder a los medicamentos que necesitan. El IMSS, incapaz de surtir millones de recetas, es un reflejo de la grave crisis que atraviesa el sector. A esto se suma la falta de transparencia en las cifras de otras instituciones, lo que impide dimensionar la verdadera magnitud del problema.

La cancelación de la licitación de Birmex por actos de corrupción es la punta del iceberg de un sistema plagado de irregularidades. La falta de vacunación en cientos de miles de niños es una irresponsabilidad que pone en riesgo la salud de las futuras generaciones. La contratación de médicos cubanos, en condiciones que rozan la explotación, es una mancha en la reputación del país.

Esta crisis, originada por la incapacidad y la corrupción, requiere una respuesta urgente y contundente. No basta con cambiar de nombre a las instituciones; se necesita un cambio profundo en las políticas públicas, un compromiso real con la salud de los mexicanos. La impunidad con la que se manejan los responsables de este desastre, como el caso de Hugo López-Gatell, es una ofensa a todos los que sufren las consecuencias de esta negligencia. La salud no puede ser rehén de la ideología ni de la corrupción. Es tiempo de exigir responsabilidades y de construir un sistema de salud que garantice el bienestar de todos los mexicanos.