La lucha contra la extorsión se intensifica con una propuesta de reforma constitucional que busca una mayor coordinación entre las instancias gubernamentales. Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Federal, pretende dotar al Congreso de la Unión de las facultades necesarias para expedir una legislación general que homogenice el tipo penal y sus penas a nivel nacional. Este paso crucial busca no solo unificar los criterios para perseguir este delito, sino también reforzar la protección a víctimas, testigos y ofendidos. La extorsión, un delito que deja profundas cicatrices económicas, comerciales, físicas y psicológicas en sus víctimas, será perseguida de oficio, demostrando el compromiso del Estado en asumir la responsabilidad de combatir este flagelo.

La estrategia no se limita a la reforma constitucional. Se busca robustecer las herramientas de investigación, priorizando la coordinación y colaboración institucional. La reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia se presenta como un pilar fundamental en esta lucha, permitiendo un combate estratégico a través de acciones de inteligencia, programas de capacitación especializada, canales de denuncia más efectivos y una atención pronta y eficaz a las víctimas. Se busca, además, establecer líneas de investigación que no solo lleven a la captura de los responsables, sino que también garanticen la reparación integral del daño a quienes han sufrido este delito.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido enfática en la importancia de esta reforma, firmando la iniciativa que se presentará al Congreso. Se busca modificar el artículo 73, fracción 21, inciso a, de la Constitución, agregando la extorsión a la lista de delitos que requieren una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Esta modificación pondría a la extorsión en el mismo nivel de importancia que delitos como el secuestro, la desaparición forzada de personas y la trata de personas, reafirmando la gravedad de este delito y la necesidad de un marco legal sólido y uniforme en todo el país.

Si bien se descartan nuevas leyes en materia de seguridad, se confía en que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la nueva estrategia contra la extorsión proveen las bases necesarias para un combate efectivo. Estas herramientas legales fortalecen la coordinación entre los tres niveles de gobierno y las atribuciones de cada miembro del gabinete de seguridad, desde los municipios hasta la federación. La lucha contra la extorsión es una prioridad y se trabajará incansablemente para disminuir su incidencia, asegurando que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, sin importar quién esté involucrado.

Paralelamente, la lucha contra el huachicol también se mantiene firme. La presidenta Sheinbaum ha reiterado el compromiso de llegar "hasta donde tope" en las investigaciones, sin proteger a nadie, sean servidores públicos o empresarios. Si bien se reconoce el avance en la administración pasada, se enfatiza la necesidad de erradicar por completo este delito, trabajando con unidad y discreción. Los recientes golpes al robo de hidrocarburos por parte del gabinete de seguridad demuestran la determinación en esta lucha, enviando un mensaje claro de que no habrá tolerancia ante este tipo de crímenes. La combinación de acciones legales, estrategias de inteligencia y la colaboración interinstitucional se presentan como las claves para combatir tanto la extorsión como el huachicol, dos flagelos que afectan la seguridad y el bienestar de la sociedad.