El ecocidio en San Felipe, Yucatán, revela una trama de corrupción que se extiende desde el ayuntamiento hasta las más altas esferas del poder municipal. No se trata de un simple descuido, un error administrativo o una obra mal planeada. Hablamos de una devastación sistemática del manglar, un ecosistema vital para la región, perpetrada con la autorización y el respaldo del propio alcalde Felipe Marrufo. Más de 20 hectáreas de zonas protegidas han sido arrasadas, víctimas de la maquinaria y la ambición desmedida. Los sellos de clausura colocados por la Profepa son un testimonio mudo del crimen ambiental, pero también una señal de que la justicia comienza a actuar. La investigación, que involucra a la Marina, la FGR y la Guardia Nacional, apunta directamente a la responsabilidad penal del alcalde y su círculo cercano. ¿Cómo es posible que un funcionario público, encargado de proteger el patrimonio natural de su municipio, se convierta en su principal verdugo?

La respuesta, lamentablemente, se encuentra en la recurrente impunidad que ha rodeado la gestión de Marrufo. No es la primera vez que su nombre se ve envuelto en escándalos. Desde la simulación electoral hasta la lotificación irregular de terrenos, el alcalde ha demostrado un desprecio flagrante por la legalidad. Pero esta vez, el daño no se limita al ámbito político o administrativo. La destrucción del manglar tiene consecuencias ambientales irreversibles, un impacto devastador en la biodiversidad y la protección costera de la región. Hablamos de un ecocidio que atenta contra el futuro de San Felipe, un municipio que, paradójicamente, depende del mar y sus recursos para su subsistencia.

La ciudadanía exige justicia. Las organizaciones ambientales claman por un castigo ejemplar. La presión social se intensifica a medida que se revelan nuevos detalles de la trama corrupta. Las carpetas de investigación abiertas contra Marrufo y otros funcionarios municipales representan una oportunidad histórica para sentar un precedente. Es el momento de demostrar que nadie, ni siquiera el alcalde, está por encima de la ley. El futuro de San Felipe, la preservación de su ecosistema y la confianza en las instituciones dependen del resultado de este proceso judicial. La justicia no puede ser una mera ilusión, debe ser una realidad tangible para los habitantes de San Felipe y un ejemplo para todo el país. El manglar no puede hablar, pero su silencio grita justicia.

Mientras tanto, en otros rincones del país, la tragedia también se hace presente. El feminicidio infantil múltiple en Sonora nos golpea con la crudeza de una realidad que no podemos ignorar. Tres niñas, arrebatadas de la vida junto a su madre, nos interpelan como sociedad. ¿Dónde estaban los mecanismos de protección? ¿Se activaron los protocolos de emergencia? Las omisiones, la indiferencia y la falta de respuesta oportuna también matan. Exigimos respuestas, justicia y acciones concretas para prevenir que estas tragedias se repitan.

En un tono más esperanzador, en Metepec, el alcalde Fernando Flores se compromete a rehabilitar vialidades clave para el municipio. A pesar de no ser responsabilidad directa del ayuntamiento, Flores ha gestionado un convenio con la Junta de Caminos del Estado de México para mejorar calles como Camino a Chapultepec, Av. Toluca-Tenango, Comonfort, Las Torres y Paseo Tollocan. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en la gestión pública, por lo que el alcalde se ha comprometido a hacer público el convenio con el gobierno de Delfina Gómez una vez que esté finalizado. Una muestra de que la colaboración entre diferentes instancias de gobierno puede generar resultados positivos para la ciudadanía.

Nos vemos a las 8 por el 8.