La precariedad menstrual que viven más de 2,100 mujeres en las cárceles del Estado de México es una cruda realidad que nos interpela como sociedad. Imaginen por un instante la angustia de enfrentar un proceso biológico natural sin acceso a lo más básico: toallas sanitarias, agua limpia, un espacio digno para la higiene personal. No se trata solo de incomodidad, estamos hablando de un atentado contra la salud, la dignidad y los derechos humanos de estas mujeres. La utilización de materiales improvisados, como trapos o papel higiénico, las expone a infecciones, sangrados irregulares e incluso enfermedades graves como la hepatitis B. ¿Cómo podemos, como sociedad, permitir que en pleno siglo XXI se vulneren los derechos de estas mujeres de una manera tan sistemática?

Esta situación, lamentablemente, no es un caso aislado. El 95% de los centros penitenciarios estatales, según datos del propio Sistema Penitenciario, no cumplen con las condiciones mínimas para una gestión menstrual digna. Esto refleja una profunda falla estructural, una falta de atención a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad y una clara violación de sus derechos. No podemos seguir ignorando esta realidad, es imperativo visibilizarla y exigir soluciones concretas.

La iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, de impulsar una propuesta legislativa para otorgar incentivos fiscales a empresas que donen productos de higiene menstrual a los centros penitenciarios, es un paso en la dirección correcta. Es fundamental que el sector privado se sume a este esfuerzo y contribuya a garantizar la dignidad menstrual de estas mujeres. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en las donaciones. Es necesario un cambio profundo en las políticas públicas, que incluya la asignación de recursos específicos para la adquisición de productos de higiene menstrual en todos los centros penitenciarios, así como la implementación de programas de educación menstrual y la adecuación de los espacios para garantizar la privacidad e higiene de las internas.

La visita de las diputadas del PVEM al penal de Almoloya de Juárez y la entrega de kits de higiene menstrual es una muestra del compromiso de la bancada con esta problemática. Acciones como estas son importantes, pero no suficientes. La verdadera transformación vendrá con la aprobación de la propuesta legislativa y su efectiva implementación en todos los centros penitenciarios del Estado.

Más allá de las acciones puntuales, es crucial entender que la dignidad menstrual es un derecho humano fundamental. No podemos hablar de justicia social y equidad de género si seguimos ignorando las necesidades básicas de las mujeres, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las mujeres privadas de libertad. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a una gestión menstrual digna para todas las mujeres, sin importar su condición. La lucha por los derechos de las mujeres es una lucha por una sociedad más justa e igualitaria para todos.