La devastación ecológica en San Felipe, Yucatán, revela una trama de corrupción que se extiende desde el propio ayuntamiento hasta la figura del alcalde Felipe Marrufo. No se trata de un simple accidente, sino de un acto deliberado, planificado y ejecutado con la maquinaria y los permisos otorgados por las autoridades municipales. Imaginen la escena: más de 20 hectáreas de manglares, un ecosistema vital para la protección de la costa y el equilibrio ambiental, arrasadas bajo el pretexto de “proyectos turísticos” y “nuevas viviendas”. Un crimen ambiental perpetrado a plena luz del día, con el respaldo institucional del mismo individuo encargado de proteger el patrimonio natural del municipio.

La intervención de la Profepa, la Marina, la FGR y la Guardia Nacional, no solo confirma la gravedad del ecocidio, sino también la complicidad de las autoridades locales. Los sellos de clausura y los procedimientos administrativos son solo el primer paso. La posible responsabilidad penal del alcalde Marrufo, por autorizar construcciones en humedales violando múltiples normativas ambientales, es el núcleo de una investigación que podría sentar un precedente en la lucha contra la impunidad en delitos ambientales.

El manglar no es un simple adorno paisajístico. Es un escudo natural contra la erosión costera, un regulador del clima, un refugio para una biodiversidad única. Su destrucción tiene consecuencias devastadoras para el ecosistema y para las comunidades que dependen de él. En San Felipe, un municipio cuya vida gira en torno al mar, la ironía es amarga: la autoridad que debería proteger su entorno natural, lo destruye sistemáticamente.

Este no es el primer escándalo que salpica a Felipe Marrufo. Su nombre ya resonaba en los pasillos de la controversia por acusaciones de simulación electoral y lotificación irregular de terrenos. Pero esta vez, el daño trasciende lo político y lo institucional. El ecocidio en San Felipe es una herida profunda en el tejido ambiental de Yucatán, una cicatriz irreversible en el paisaje costero.

Las investigaciones en curso apuntan a que Marrufo no podrá evadir la justicia en esta ocasión. Las leyes que protegen los manglares, incluyendo tratados internacionales firmados por México, son contundentes. Las carpetas de investigación abiertas contra funcionarios municipales, con el alcalde a la cabeza, podrían marcar un antes y un después en la rendición de cuentas. La justicia, en este caso, no solo debe castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro: la impunidad en materia ambiental ha llegado a su fin.

Mientras tanto, en otros rincones del país, la tragedia también se manifiesta en formas desgarradoras. En Sonora, un feminicidio infantil múltiple conmociona a la sociedad. El hallazgo del cuerpo de una madre, seguido del descubrimiento de sus tres hijas en la misma zona, plantea interrogantes dolorosas. ¿Dónde estaban las fichas de búsqueda? ¿Se activaron los protocolos de emergencia? Las omisiones, en estos casos, también matan. La falta de respuesta oportuna de las autoridades ante la desaparición de personas, especialmente mujeres y niñas, es una deuda pendiente que exige una revisión profunda de los mecanismos de protección y búsqueda.

En un contraste esperanzador, el alcalde de Metepec, Fernando Flores, anuncia acciones para rehabilitar vialidades olvidadas. A pesar de no ser responsabilidad directa del municipio, Flores trabaja en conjunto con la Junta de Caminos del Estado de México para mejorar calles cruciales como Camino a Chapultepec, Av. Toluca-Tenango, Comonfort, Las Torres y Paseo Tollocan. La promesa de transparencia, con la publicación del convenio con el gobierno de Delfina Gómez, refuerza la confianza en la gestión pública. La paciencia de los conductores, solicitada por el alcalde, se ve recompensada con la perspectiva de una mejora en la infraestructura vial, un elemento clave para el desarrollo y la calidad de vida.

Nos vemos a las 8 por el 8.